sábado, 01 agosto 2026

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    General Palomino condenado por tráfico de influencias

    General Palomino, capturado por tráfico de influencias

    El General Palomino quedó oficialmente bajo custodia judicial luego del fallo de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que lo condenó a siete años y un día de prisión por tráfico de influencias. El caso, que involucra además a la fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño y decisiones adoptadas por la Fiscalía en Bogotá, se convierte en uno de los episodios más delicados para la Policía Nacional en los últimos años.

    Una sentencia que marca un precedente institucional

    La Corte Suprema de Justicia, en decisión de Primera Instancia, concluyó que el General Palomino intervino de manera irregular en un proceso penal para intentar influir en la orden de captura que pesaba sobre el empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo.
    Según el fallo, el exdirector de la Policía Nacional buscó presionar a la fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño, actuación que constituye un uso indebido de su cargo y una interferencia directa en la autonomía judicial.

    El magistrado ponente, Jorge Emilio Caldas, salvó parcialmente su voto, argumentando que, conforme a criterios de la Corte Constitucional, podía esperarse la ejecutoria del fallo antes de ordenar la captura. Sin embargo, la mayoría de la Sala concluyó que la gravedad de los hechos ameritaba una medida inmediata.

    La entrega voluntaria del General Palomino

    Tras la orden de captura, el General Palomino se presentó voluntariamente ante el CTI de la Fiscalía en Bogotá.
    Desde su cuenta en X, afirmó respetar las decisiones judiciales “aunque no las comparta” y reiteró sentirse víctima de lo que considera una “injusticia”.
    Actualmente permanece en el búnker de la entidad mientras se adelantan los trámites de reclusión.

    Impacto para la Policía Nacional

    La condena contra el General Palomino, quien dirigió la Policía Nacional, reabre debates sobre los controles internos, la ética pública y la necesidad de fortalecer mecanismos de vigilancia en las instituciones encargadas de la seguridad del país.
    Expertos coinciden en que este caso se convierte en un referente para evaluar el papel de la justicia frente a altos mandos involucrados en conductas que afectan la confianza ciudadana.

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