Glifosato y desarrollo rural: la apuesta de Dilian Toro para frenar los cultivos ilícitos
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, planteó que el uso de glifosato debe aplicarse dentro de una estrategia integral que combine tecnología y programas de desarrollo rural. Su postura surge frente a la propuesta del Gobierno nacional de reactivar la aspersión de cultivos ilícitos, medida que ha generado amplio debate en el país.
Una estrategia que une glifosato y economía lícita
Toro aseguró que está de acuerdo con volver al glifosato, siempre que la fumigación se realice de manera selectiva con drones y se acompañe de proyectos productivos que ofrezcan ingresos dignos a las comunidades campesinas.
“Los campesinos necesitan que reemplacemos esa economía ilícita para que puedan tener sus ingresos”, enfatizó la mandataria.
Piloto en Jamundí
En su intervención, la gobernadora reveló que el ministro de Defensa manifestó interés en desarrollar un plan piloto en Jamundí, municipio del Valle del Cauca afectado por la presencia de grupos armados y el narcotráfico. Según Toro, este ensayo podría convertirse en referente nacional si demuestra efectividad en la erradicación de cultivos ilícitos con aspersión selectiva.
Desarrollo rural como eje central
La gobernadora recalcó que la erradicación no puede verse de manera aislada. Insistió en que el éxito depende de ofrecer alternativas económicas reales, acceso a mercados y acompañamiento institucional. El desarrollo rural, dijo, es clave para garantizar que las familias campesinas tengan un sustento estable y no regresen a la economía ilegal.
Golpe a las finanzas criminales
De acuerdo con Toro, el uso del glifosato permitiría reducir los ingresos de los grupos armados que operan en zonas rurales del departamento, debilitando así las estructuras criminales que sostienen la violencia y el narcotráfico en el suroccidente.
Con esta postura, el Valle del Cauca se suma al debate nacional sobre la política antidrogas, proponiendo una fórmula que combina seguridad, tecnología y proyectos de desarrollo rural como herramientas para frenar los cultivos ilícitos.
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