El reciente estallido de violencia contra la Fuerza Pública en Colombia, ejecutado por el Clan del Golfo y otras estructuras criminales bajo el llamado Plan pistola, ha puesto en entredicho la capacidad de reacción del Estado ante fenómenos que, según expertos y antecedentes, eran previsibles.
Desde principios de abril, al menos 15 uniformados han sido asesinados y una docena más heridos, principalmente en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Bolívar.
Este tipo de ataques suelen desencadenarse tras golpes importantes a la cúpula del grupo armado.
En esta ocasión, el detonante fue la muerte de José Miguel Demoya Hernández, alias “Chirimoya”, miembro del denominado “Estado Mayor” del Clan, el pasado 5 de abril en un operativo policial en La Apartada, Córdoba.
Pese a los antecedentes, que incluyen represalias similares tras las muertes de jefes como “Gavilán” o la extradición de “Otoniel” en 2022, el país parece no haber estado preparado. Así lo demuestran los múltiples ataques registrados en las últimas semanas.
Reacción tardía y medidas en marcha
El Gobierno Nacional ha reactivado la Operación Agamenón, orientada a desmantelar la estructura criminal con inteligencia y ofensiva militar.
No obstante, los resultados siguen siendo insuficientes para frenar la violencia contra policías en servicio y fuera de él.
Este miércoles, el presidente Gustavo Petro se pronunció en la red social X anunciando una reunión especial para “profundizar la ofensiva sobre el Clan del Golfo” y pidió colaboración ciudadana reservada para ubicar a los líderes de esa organización.
Al mismo tiempo, envió un mensaje abierto a los miembros del Clan. “Solicito a la @FiscaliaCol un equipo especial para tratar jurídicamente a quienes, dentro del Clan, decidan el camino de la Paz”.
La Fiscalía, por su parte, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita anticiparse a nuevos ataques.
Nuevas disposiciones para proteger a los uniformados
El director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, ordenó que los policías puedan portar su arma de dotación incluso durante sus descansos, tras comprobarse que varios de los homicidios recientes ocurrieron cuando las víctimas se encontraban fuera de servicio, en entornos familiares o sitios públicos.
Adicionalmente, se implementó un esquema de escolta para aquellos uniformados en descanso, aunque aún no se ha especificado el número de beneficiarios ni las zonas prioritarias.
Acciones recientes contra el Clan del Golfo
Entre el 26 y el 28 de abril, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, informó que las Fuerzas Militares realizaron cuatro acciones contundentes contra el Clan, con la captura de seis integrantes en Ciénaga (Magdalena), El Bagre y Tarazá (Antioquia), y Montería (Córdoba). Los capturados portaban armamento destinado a cometer atentados.
La ofensiva también tiene en la mira a Jobanis Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, actual jefe máximo del Clan del Golfo. Sobre él pesa una recompensa de 4.378 millones de pesos.
Mientras tanto, los colombianos esperan que las medidas no solo sean reactivas, sino efectivas y duraderas.
La persistencia del Plan pistola revela la necesidad urgente de fortalecer la inteligencia, mejorar la protección de la Fuerza Pública y garantizar una respuesta estatal que se adelante a la violencia, en lugar de responder a sus consecuencias.
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