¿Hubo prevaricato? Consejo de Estado suspende decreto
El Consejo de Estado detuvo el decreto de la consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro. La medida reabre el debate sobre la responsabilidad penal de los ministros que lo firmaron.
Consejo de Estado suspende el decreto de la consulta popular
El panorama jurídico nacional se sacudió con la suspensión provisional del Decreto 0639 de 2025. Mediante el cual el presidente Gustavo Petro buscaba convocar una consulta popular el próximo 7 de agosto. La decisión fue adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, tras considerar que el Gobierno no cumplió con un requisito esencial: obtener concepto favorable del Senado.
El alto tribunal concluyó que, al no haber sido consultado el Congreso, se vulneraron disposiciones del artículo 104 de la Constitución. La medida cautelar frena de inmediato el desarrollo de la consulta y activa un nuevo frente de cuestionamientos jurídicos en el Gobierno.
🚨 Este miércoles el Consejo de Estado frenó temporalmente el decreto de la consulta popular del Gobierno. ¿La razón? No tuvo el concepto previo del Senado. ¿Y ahora qué sigue? 🧵 Aquí te explicamos paso a paso lo que viene en este proceso jurídico y político. pic.twitter.com/nyWmLqonCr
— Noticias RCN (@NoticiasRCN) June 19, 2025
Se abre la puerta al prevaricato por consulta popular
Uno de los aspectos más delicados tras la suspensión del decreto es la posibilidad de que los ministros que firmaron el documento enfrenten investigaciones por prevaricato. Expertos en derecho constitucional han advertido que, si se demuestra que los funcionarios actuaron con conocimiento de que estaban violando la ley, podrían incurrir en prevaricato por acción, abuso de función pública o usurpación de funciones.
El abogado Juan Manuel Charry explicó que la simple nulidad del decreto no configura automáticamente un delito. Para que haya prevaricato, debe probarse que los firmantes sabían de antemano que el acto era ilegal. “La intención dolosa es clave en estos casos”, indicó.
Por su parte, el jurista Gonzalo Ramírez considera que sí hay elementos para abrir investigaciones. Según explicó, el decreto fue expedido sin cumplir un requisito constitucional claro, lo que podría constituir una actuación dolosa.
La Procuraduría General de la Nación acaba de abrir indagación contra todos los ministros de Petro que firmaron el decreto de la consulta popular, esto luego de la queja que interpusimos junto a @cristinaplazasm.
Necesitamos respuestas inmediatas, no más impunidad. pic.twitter.com/S4hrlQ3siX
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) June 12, 2025
¿Quiénes no firmaron el decreto?
No todos los ministros del gabinete Petro firmaron el decreto. Algunos estaban fuera del país o aún no se habían posesionado. Entre los no firmantes se encuentran:
- Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores (firmó la encargada Rosa Yolanda Villavicencio Mapy).
- Edwin Palma, ministro de Minas (firmó el encargado José Luciano Sanín Vásquez).
- Lena Yanina Estrada, ministra de Ambiente (firmó el encargado Christian David Díaz Bulla).
- Eduardo Montealegre, designado ministro de Justicia, quien aún no ha asumido el cargo.
¿Qué viene para el Gobierno?
La suspensión del decreto es interpretada por analistas como un posible anticipo de una nulidad definitiva. Si esto ocurre, y se prueba que los ministros actuaron con dolo, podrían abrirse procesos disciplinarios, fiscales o incluso penales por su participación en la expedición del acto.
Hasta el momento no se ha abierto una investigación penal formal, pero el precedente jurídico podría sentar una alerta sobre cómo se toman decisiones de alto impacto en el Ejecutivo.
La decisión definitiva del Consejo de Estado se espera en las próximas semanas, y será determinante no solo para la viabilidad de la consulta popular, sino también para el futuro legal de varios altos funcionarios del Gobierno Petro.
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