El Gobierno del presidente Gustavo Petro prepara un nuevo impuesto al patrimonio como principal estrategia para financiar una eventual emergencia económica y recaudar cerca de $8 billones, recursos que serían destinados a atender la crisis climática que golpea departamentos como Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño.
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El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, durante un consejo de ministros desarrollado la noche del jueves 12 de febrero de 2026 . La propuesta surge tras la suspensión provisional de la anterior declaratoria de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional.
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El eje central del plan fiscal es el impuesto al patrimonio aplicado a grandes empresas, con el objetivo de obtener los $8 billones que, según cálculos preliminares del Ministerio de Hacienda, se requieren para atender inundaciones, reconstrucción de infraestructura y apoyo a miles de familias damnificadas.
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¿Cómo funcionaría el nuevo impuesto al patrimonio?
El nuevo impuesto al patrimonio se aplicaría exclusivamente a personas jurídicas con patrimonios líquidos iguales o superiores a 200.000 UVT, es decir, aproximadamente $10.000 millones.
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Ministro de Hacienda Germán Ávila explica el alcance del impuesto al patrimonio
- Patrimonios entre 200.000 y 600.000 UVT (hasta cerca de $30.000 millones) pagarían una tarifa marginal del 0,6%.
- Patrimonios superiores a 600.000 UVT (más de $30.000 millones) asumirían una tarifa del 1,2%.
Actualmente, el impuesto al patrimonio en Colombia solo aplica para personas naturales. Con esta nueva emergencia económica, el Gobierno ampliaría el gravamen a unas 15.000 empresas con altos niveles de capital.
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UNGRD reporta más de 27.000 familias afectadas
De acuerdo con cifras entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el fenómeno climático ha generado 256 eventos asociados a emergencias y ha afectado a más de 27.000 familias en el país.
Los departamentos con mayor impacto son:
- Córdoba
- Cauca
- Antioquia
- Nariño
Según el Ministerio de Hacienda, los $8 billones permitirían financiar planes de recuperación, mitigación de riesgos y reconstrucción en los municipios más afectados.
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El reto jurídico y político
El ministro Ávila dejó claro que, en caso de declararse una nueva emergencia económica, el Gobierno no podrá repetir las medidas que fueron suspendidas previamente por la Corte Constitucional. Por eso, el nuevo impuesto al patrimonio tendría que estructurarse bajo parámetros distintos.
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Desde el Ejecutivo se argumenta que el escenario actual sí cumple con el criterio de imprevisibilidad exigido por la Corte, debido a la magnitud de los eventos climáticos recientes.
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La discusión ahora se centra en si el alto tribunal avalará esta nueva emergencia económica y si el impuesto al patrimonio logrará recaudar efectivamente los $8 billones proyectados sin afectar la inversión y el crecimiento empresarial en 2026.
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El debate fiscal está abierto y podría convertirse en uno de los temas económicos más sensibles del año
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