Contraloría investiga vuelo a evento de Petro: Investigan uso de aeronave oficial para viaje de 15 personas a evento de Petro
La Contraloría General de la República solicitó explicaciones al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional tras conocerse que un grupo de influencers fue transportado a Barranquilla en una aeronave oficial, generando fuerte polémica en redes sociales.
El viaje tuvo como destino un cabildo abierto encabezado por el presidente Gustavo Petro en la capital del Atlántico.
En la imagen viralizada en redes se observa a más de 15 personas a bordo del avión, entre ellos el exembajador Moisés Ninco Daza, lo que levantó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para fines no claramente oficiales.
#AEstaHora |🚨La Contraloría General requirió información a:
🔹 @ArmadaColombia por 1️⃣0️⃣ contratos entre 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ y 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣, relacionados con servicios logísticos y de mantenimiento, suscritos presuntamente por funcionarios sin competencia legal y con pagos sin soporte.❌
— Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) May 21, 2025
La Contraloría solicitó claridad
Frente a la controversia, la Contraloría pidió a ambas entidades esclarecer la titularidad de la aeronave, lista de pasajeros, costos y respaldo legal del vuelo.
En particular, se solicitó al Ministerio del Interior informar si existe un convenio vigente que autorice esta utilización y quién asumió los gastos del desplazamiento.
Durante una intervención en la Comisión Segunda del Senado, el general Arnulfo Rosemberg, subdirector de la Policía Nacional, afirmó que el vuelo se hizo bajo un convenio interadministrativo con el Ministerio del Interior.
Este acuerdo, según explicó, permite atender requerimientos logísticos y misionales del titular de la cartera y su personal autorizado.
Benedetti dio respuesta
El ministro del Interior, Armando Benedetti, también se pronunció, indicando que el convenio permite transportar personas autorizadas para actividades misionales.
Añadió que el objetivo del traslado fue apoyar medios alternativos y facilitar la logística del evento, y que el convenio ya estaba vigente antes de asumir su cargo.
La controversia sigue abierta, mientras aumentan las voces que exigen mayor transparencia en el uso de bienes públicos.
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