El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria sobre la comercialización de un producto para adelgazar que presenta riesgos para la salud.
La entidad descubrió que el registro sanitario exhibido en el empaque del suplemento quemador de grasa es falso, lo que constituye una grave violación a las normativas de seguridad alimentaria en Colombia.
Un registro sanitario inexistente
El producto en cuestión, promocionado como un suplemento con beneficios adicionales como el fortalecimiento del sistema inmunológico, regeneración celular e incluso propiedades anticancerígenas, ha causado preocupación entre las autoridades sanitarias. Estas afirmaciones carecen de respaldo científico y no cumplen con los estándares exigidos por la legislación colombiana.
El Invima aclaró que, según la normativa, cualquier alimento o bebida que haga atribuciones medicinales debe cumplir con requisitos específicos, ya que se clasificaría como un medicamento. Esta situación viola las disposiciones de la Ley 9 de 1979 y la Resolución 5109 de 2005, que regulan el etiquetado de productos alimenticios.
Un producto con antecedentes de fraude
El mismo producto ya había sido objeto de una alerta sanitaria en 2022, cuando se descubrió que utilizaba un registro sanitario vencido para su comercialización.
Sin embargo, a pesar de las advertencias emitidas en su momento, sigue siendo ofrecido en plataformas digitales y en algunos puntos de venta físicos. Lo que pone en riesgo la salud de los consumidores.
Recomendaciones para los consumidores
El Invima hace un llamado urgente a la población para que no adquiera ni consuma este tipo de productos fraudulentos. Además, aquellos que ya lo hayan comprado deben suspender su consumo de inmediato. La entidad también subraya que es fundamental verificar el registro sanitario de los productos antes de comprarlos. Lo cual puede hacerse fácilmente a través de su portal oficial.
El organismo recordó que la responsabilidad del cumplimiento de las normativas de seguridad alimentaria recae tanto en los fabricantes como en los importadores y distribuidores.
La venta de productos fraudulentos no solo pone en peligro la salud pública, sino que también socava la confianza de los consumidores en el mercado nacional.
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