Ante la creciente violencia que azota al país, la Defensora Nacional del Pueblo, Iris Marín, realizó un recorrido por el departamento del Cauca. Esta región sigue siendo una de las más afectadas por la reconfiguración del conflicto armado. Durante su visita, que se extendió por cuatro días, Marín escuchó a las comunidades más vulnerables. Además, anunció la adopción de un plan específico para enfrentar la grave crisis que atraviesa este territorio, especialmente en el norte del Cauca.
Las localidades más afectadas por el reclutamiento forzado y la violencia
En su recorrido, Marín visitó localidades como Cajibío, Inzá, Toribío, Páez, Totoró, Suárez, Argelia y Tacueyó. Allí, pudo constatar cómo las comunidades siguen siendo víctimas del reclutamiento forzado de menores y de ataques por parte de grupos armados ilegales. Estos grupos continúan operando en la zona, con la intención de controlar territorios y recursos. Además, las comunidades indígenas y campesinas enfrentan amenazas constantes que buscan forzar su desplazamiento o colaboración con los actores armados.
“Estas poblaciones están afectadas por la reconfiguración del conflicto”, destacó Marín.
También advirtió sobre el riesgo que representan las disputas territoriales entre los grupos armados ilegales, como las disidencias de Iván Mordisco, el Frente 57 y el ELN. Estas estructuras luchan por el control de zonas productivas y rutas del narcotráfico. La violencia se intensifica debido a las confrontaciones territoriales, afectando especialmente a la población civil. Los habitantes de las zonas rurales viven constantemente bajo amenazas.
Marín resaltó que la Defensoría del Pueblo tiene una presencia significativa en el Cauca. Sin embargo, se requiere un refuerzo de las acciones para mitigar los riesgos que enfrentan las comunidades. La Defensora explicó que se adoptará un plan específico para fortalecer la presencia de la institución en la región. Esto incluirá la protección de las comunidades indígenas y campesinas, además de la atención a los casos de reclutamiento forzado de menores.
“Es necesario un enfoque integral para eliminar estos riesgos”, concluyó Marín.
Un llamado a las autoridades para garantizar la protección
Además, Marín hizo un llamado a las autoridades y a los gobiernos locales, regionales y nacionales. Instó a dar una respuesta efectiva ante el incumplimiento del principio de distinción por parte de las estructuras armadas ilegales. Esto garantizaría la protección de la población civil, uno de los derechos más fundamentales. La Defensora destacó la importancia de contar con políticas públicas que refuercen la seguridad en las zonas rurales. Además, es necesario un enfoque que no se limite sólo a la presencia militar, sino que aborde también las causas sociales de la violencia.
En 2024, la Defensoría del Pueblo reportó que el Cauca lideró las estadísticas de reclutamiento de menores, con 300 casos documentados. Este fenómeno es alarmante y sigue siendo uno de los principales problemas de la región. Muchos de estos menores son obligados a realizar trabajos forzados, actividades ilícitas y participar en actos violentos. La Defensora subrayó la necesidad de implementar programas preventivos y de rehabilitación para los jóvenes reclutados. Es urgente actuar para frenar este flagelo en el Cauca.
En su visita, Iris Marín también destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional. Los organismos de derechos humanos y los países vecinos podrían ofrecer apoyo en la gestión de la crisis humanitaria. Las comunidades desplazadas y las organizaciones sociales que trabajan en la región enfrentan dificultades extremas. Por ello, es clave el compromiso tanto del gobierno nacional como de la comunidad internacional. Solo con una respuesta coordinada será posible encontrar soluciones sostenibles para la región.
La situación en el Cauca refleja la grave crisis de seguridad que afecta al país. La Defensoría del Pueblo sigue comprometida con la protección de los derechos humanos en la región. Sin embargo, la respuesta institucional será clave para lograr una paz duradera en el territorio.
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