El 22 de abril, la Procuraduría General de la Nación radicó un concepto ante la Corte Constitucional. En el que solicita declarar exequible la Ley 2381 de 2024. Esta ley, que contiene la reforma pensional aprobada por el Congreso de la República en diciembre del año pasado, está en revisión debido a su carácter de norma estatutaria. El Ministerio Público destacó que el proceso legislativo cumplió con todos los requisitos constitucionales, especialmente en su paso por la Cámara de Representantes.
La Procuraduría afirmó que no se presentaron vicios que invalidaran el trámite. En su análisis, el ente de control puntualizó que el Congreso desarrolló un proceso acorde con los parámetros establecidos por la Constitución. Según la Procuraduría, el proceso legislativo se ajustó a la legalidad y a los principios fundamentales de la Carta Política.
Advertencia sobre el artículo 84.5 y el principio de no regresividad
En su informe, la Procuraduría incluyó una advertencia relacionada con el artículo 84.5 de la reforma pensional. El Ministerio Público solicitó que la Corte Constitucional evite interpretaciones que puedan derivar en una regresividad de los derechos pensionales, especialmente aquellos ya adquiridos por los ciudadanos bajo el régimen actual. La Procuraduría recordó que el principio de no regresividad, consagrado en la jurisprudencia. Busca preservar los niveles de protección alcanzados por la población en áreas como la pensión.
El Ministerio Público destacó la importancia de respetar los avances conseguidos en los sistemas de derechos sociales, que protegen a millones de ciudadanos dependientes del cumplimiento de condiciones previamente reconocidas por el Estado.
Este concepto presentado por Gregorio Eljach marca su primera intervención formal como procurador general. Eljach fue nombrado por el presidente Gustavo Petro, tras la salida de Margarita Cabello. El procurador había declarado su impedimento en dos ocasiones anteriores debido a su cargo como exsecretario general del Senado, cuando el proyecto de reforma se debatió. Sin embargo, la Corte Constitucional permitió su participación y validó su intervención.
La Procuraduría aseguró que, a pesar de una posible irregularidad en la sesión del 14 de junio de 2024, esta no tuvo relevancia constitucional. Afirmaron que dicha irregularidad no impidió que el Congreso tomara una decisión válida y conforme a la ley.
La Procuraduría General de la Nación @PGN_COL rinde concepto favorable a la Reforma Pensional y solicita a la Corte Constitucional declarar exiquible la Reforma.
Por el mejoramiento del nivel de vida de 3.1 millones de viejitos en pobreza extrema, ojalá los magistrados escuchen. pic.twitter.com/7Aml1mOIYU— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 23, 2025
Reacciones desde el Gobierno y el Congreso
El concepto favorable de la Procuraduría fue celebrado por funcionarios del Gobierno. El director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar. Destacó que la reforma beneficiaría a 3,1 millones de adultos mayores en situación de pobreza extrema. Bolívar pidió a la Corte que escuche las necesidades de los ciudadanos más vulnerables, quienes esperan que la reforma garantice una mejor calidad de vida.
Desde el Congreso, la senadora Martha Peralta expresó su satisfacción por el respaldo a la reforma. Peralta destacó que esta reforma representará una oportunidad histórica para que los adultos mayores en Colombia puedan vivir con dignidad y seguridad.
Gran noticia. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que declare exequible la #ReformaPensional, argumentando que no se presentaron irregularidades en su trámite legislativo.
¡Por fin en Colombia, los adultos mayores podrán tener una… pic.twitter.com/lPY8bXlS6t
— Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) April 24, 2025
La Corte Constitucional está actualmente revisando una demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia. Valencia ha cuestionado la validez del proceso legislativo que llevó a la sanción de la ley. La Corte también está resolviendo varios impedimentos internos, incluida la recusación de la magistrada Diana Fajardo. Fajardo se apartó del caso debido a que se benefició de la reforma pensional el año pasado.
Una vez resueltas estas solicitudes, el alto tribunal procederá a emitir su fallo definitivo. De esta manera, la Corte determinará si la Ley 2381 de 2024 se ajusta a los principios y normas constitucionales de Colombia. La espera continúa mientras se definen las circunstancias legales de esta reforma pensional clave.
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