Montealegre en la cuerda floja: demanda invoca la Ley de Paridad
La demanda de la Defensoría del Pueblo
El nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia enfrenta una seria controversia jurídica. La Defensoría del Pueblo interpuso una acción de nulidad contra el Decreto 647 del 13 de junio de 2025, expedido por el presidente Gustavo Petro, al considerar que la designación vulnera la Ley de Paridad.
El organismo argumenta que, con el ingreso de Montealegre, el gabinete quedó integrado por 10 hombres y 9 mujeres, rompiendo el equilibrio del 50 % de representación femenina exigido por la norma. Según la demanda, esta situación constituye una “causal de nulidad electoral” que afecta la validez del acto administrativo.
La Ley de Paridad y el precedente que sienta
La discusión trasciende el caso de Montealegre. La Defensoría sostiene que la Ley de Paridad no es un requisito inicial, sino una obligación permanente del Ejecutivo. Es decir, cada vacante en el gabinete debe cubrirse de manera que no se retroceda en la representación femenina.
La Ley 2424 de 2024, sancionada por el propio Petro, establece la paridad como estándar permanente en los niveles más altos del poder público. Por ello, la controversia actual abre la puerta a que futuros nombramientos ministeriales sean cuestionados si no cumplen con este criterio.
Antecedentes y proceso en curso
En julio pasado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la suspensión provisional del decreto, al señalar que en ese momento no existía reglamentación clara de la ley. Sin embargo, la demanda de fondo sigue en curso y podría derivar en la anulación definitiva del nombramiento.
Un antecedente cercano es el del ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, cuyo nombramiento fue suspendido en un proceso similar. En esa ocasión, el presidente aceptó su renuncia y luego lo reintegró.
¿Qué sigue ahora para el Gobierno?
El Tribunal deberá resolver si anula el decreto que mantiene a Montealegre en el cargo. De confirmarse la nulidad, Petro estaría obligado a designar un nuevo ministro o ministra que restablezca el cumplimiento de la Ley de Paridad.
Más allá de un choque jurídico, este caso se convierte en una prueba política sobre la coherencia del Gobierno frente a la equidad de género y podría tener un efecto dominó en la estabilidad del gabinete ministerial.
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