La Junta de Acción Comunal de la vereda San Antonio, en el municipio de Morales (Cauca). Denunció públicamente el presunto rapto de varios menores de edad en la vecina vereda Campo Alegre, perteneciente al municipio de Piendamó. El hecho generó una profunda preocupación entre las comunidades rurales del departamento, que exigen respuestas y acciones concretas.
Comunidad rechaza enérgicamente los hechos
Mediante un comunicado oficial, la Junta de Acción Comunal de San Antonio con personería jurídica No. 152 del 19 de abril de 1971 y NIT 900643598-6 expresó su total repudio frente a estos actos, que consideran una grave amenaza contra la seguridad, integridad y dignidad de los menores de edad. Nada justifica un acto tan cruel y cobarde. La comunidad reafirmó su compromiso con la protección de la infancia y convocó a la unidad vecinal para enfrentar este tipo de situaciones.
Los líderes comunitarios destacaron la urgencia de actuar con solidaridad hacia las familias afectadas. También exigieron que las autoridades activen de inmediato los mecanismos de protección infantil. La junta hizo un llamado a los habitantes a permanecer atentos. Cualquier situación sospechosa debe reportarse sin demora a las autoridades competentes. Solo la vigilancia activa de la comunidad puede prevenir tragedias similares en el futuro. La preocupación crece ante la falta de información sobre el desfile de los menores de edad.
Líderes locales señalaron que los menores de edad fueron llevados por integrantes de grupos armados ilegales que operan en esa zona del Cauca. Esta versión genera temor entre las familias, que sospechan un posible reclutamiento forzado. “ Los padres no saben dónde están sus hijos. Tememos que los hayan llevado a campamentos en la montaña ”, afirmó un vocero comunitario, que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad.
La posibilidad de que estos niños terminen en manos de actores armados ilegales representa una grave vulneración de sus derechos fundamentales. Este tipo de prácticas ha afectado históricamente a las comunidades más vulnerables del país.
Comunidades y defensores exigen acción inmediata
Organizaciones defensoras de los derechos de la infancia rechazaron los hechos de manera contundente. Líderes sociales del Cauca también se unieron al llamado urgente por parte de las comunidades. La exigencia principal se centra en una intervención rápida y eficaz del Estado. Las autoridades civiles y organismos de derechos humanos ya fueron notificados sobre la situación. Se requiere que el Gobierno actúe con celeridad para investigar, esclarecer lo ocurrido y garantizar medidas de protección para los menores de edad.
Las comunidades campesinas e indígenas del departamento reiteran su exigencia de respeto a la vida, la paz y la integridad. La presencia de grupos armados en los territorios continúa afectando la tranquilidad de quienes habitan zonas rurales. En este contexto, la población insiste en que el reclutamiento forzado debe detenerse por completo.
La Junta de Acción Comunal instó a los habitantes de San Antonio y veredas vecinas a mantenerse unidos y vigilantes. Frente a amenazas como esta, la organización comunitaria se convierte en una herramienta fundamental para proteger a los más vulnerables. La denuncia permanecerá vigente hasta que se obtenga justicia y se garantice el regreso seguro de los menores de edad.
La situación refleja una problemática estructural que requiere atención urgente. El silencio oficial solo aumenta la angustia de las familias y fortalece la impunidad. Las voces de los territorios exigen ser escuchadas.
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