El límite jurídico de la paz total: Defensoría del Pueblo pide revisar la figura de gestor de paz
La designación de 16 exjefes paramilitares como gestores de paz reabrió el debate sobre los alcances legales de la paz total, luego de que la Defensoría del Pueblo radicara una demanda ante el Consejo de Estado para anular la Resolución 327 de 2025. Para el organismo, la norma presenta vacíos jurídicos, carece de controles y plantea riesgos institucionales que deben ser revisados con urgencia dentro del marco de la política de paz del Gobierno.
Una revisión necesaria a la figura de gestor de paz
Según la Defensoría del Pueblo, la forma en que se aplicó la figura dentro de la paz total otorga un rol institucional a personas vinculadas a crímenes graves, lo que podría generar desconfianza en las instituciones y afectar las garantías de derechos humanos. La defensora Iris Marín afirmó que la resolución permite que antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) participen en actividades oficiales de acercamiento y no repetición, pese a que algunos fueron excluidos de Justicia y Paz por reincidencia o incumplimiento de compromisos.
La demanda cuestiona que el Gobierno otorgue funciones dentro de la paz total sin un marco suficiente de responsabilidades, verificación y participación de las víctimas, condiciones que —a juicio de la entidad— son indispensables para no enviar mensajes contradictorios a la ciudadanía.
Los alcances y límites de la Resolución 327 en la paz total
La Resolución 327, expedida por la Presidencia, autorizó la participación de exjefes como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Diego Fernando Murillo (Don Berna), Carlos Mario Jiménez (Macaco) y Hernán Giraldo Serna. El documento establece que la designación es temporal y excepcional, que no otorga beneficios penales y que cada designado debe suscribir un plan de trabajo ante el Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Presidencia.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo insiste en que estos mecanismos son insuficientes para garantizar que la figura de gestor de paz se aplique sin poner en riesgo la credibilidad institucional.
Consejo de Estado deberá definir el alcance jurídico de la paz total
La demanda también solicita la suspensión provisional de la resolución, al considerar que su entrada en vigor ya tiene efectos políticos y sociales inmediatos. Con ello, el Consejo de Estado deberá decidir si admite el caso y emprende un análisis de fondo sobre los límites legales de la paz total y la pertinencia de vincular nuevamente a exjefes paramilitares a roles institucionales.
Mientras tanto, el debate continúa abierto y se proyecta como uno de los más sensibles dentro de la política de paz del Gobierno nacional.
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