Condena a Pedro Castillo profundiza la crisis política en Perú
La reciente sentencia contra Pedro Castillo volvió a exponer la prolongada crisis política que vive Perú desde hace casi una década. La Corte Suprema condenó al exmandatario a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, tras su fallido intento de cerrar el Congreso el 7 de diciembre de 2022. La decisión, que aún puede ser apelada, reavivó tensiones en un país marcado por la inestabilidad institucional.
Un fallo que reconfigura el caso de Pedro Castillo
Durante el juicio, la Corte determinó que Pedro Castillo no logró consumar un golpe de Estado, pues su intento de disolver el Congreso careció de apoyo militar o institucional. Por ello, el delito fue reclasificado como conspiración, una figura penal de menor gravedad que redujo la pena solicitada inicialmente por la Fiscalía, que pedía 34 años de prisión.
Castillo fue absuelto de los cargos de abuso de autoridad y perturbación del orden público, aunque la Fiscalía había insistido en su responsabilidad. Desde su celda, el exmandatario calificó el proceso como una “farsa” y aseguró que su caída obedeció a intereses políticos de la oposición.
El intento fallido de cerrar el Congreso
El 7 de diciembre de 2022, horas antes de enfrentar una votación de destitución, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, un gobierno de excepción y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La medida fue considerada inconstitucional por las Fuerzas Armadas, lo que precipitó su destitución inmediata y posterior captura cuando se dirigía a la embajada de México.
Un país atrapado en una crisis permanente
La condena a Pedro Castillo se suma a una cadena de escándalos que han golpeado a la clase política peruana. Un día antes, el expresidente Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de prisión por corrupción, mientras que Ollanta Humala y Alejandro Toledo enfrentan procesos similares. Desde 2016, Perú ha tenido siete presidentes, tres de ellos destituidos y dos que renunciaron para evitar el mismo destino.
Las reacciones por el fallo fueron inmediatas: mientras sectores de derecha celebraron un triunfo del orden constitucional, movimientos de izquierda denunciaron persecución judicial y protestaron por la liberación del exmandatario. Afuera del centro penitenciario, sus simpatizantes reclamaron su libertad y cuestionaron la legitimidad del proceso.
La sentencia contra Pedro Castillo no solo define su futuro judicial, sino que profundiza el clima de crisis política en Perú, marcado por disputas entre el Ejecutivo y el Congreso, y una ciudadanía cada vez más polarizada.
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