Por primera vez en la historia reciente, ocho partidos políticos colombianos se unieron para rechazar de forma contundente la intención del presidente Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular con el fin de impulsar su reforma laboral, a pesar de que esta ya fue archivada en el Congreso.
En una carta abierta al país, Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Mira, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y ASI calificaron la decisión del mandatario como una “imposición política” que desconoce el Estado de derecho y representa, según ellos, un “golpe de Estado institucional”.
La consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado.
Los partidos políticos @PCambioRadical @PartidoLiberal @soyconservador @PartidoMIRA @ColJustaLibres @CeDemocratico @partidodelaucol y @PartidoASI_ rechazamos esta acción unilateral e… pic.twitter.com/R0u81FTS5N
— Partido MIRA (@PartidoMIRA) June 4, 2025
Decreto de la reforma
El pronunciamiento surge luego de que el presidente Petro anunciará en una alocución oficial que esta semana firmará el decreto para llevar la reforma a las urnas, aun cuando el Senado emitió un concepto negativo sobre la viabilidad de la consulta en mayo pasado.
“Instamos a las instituciones competentes como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Contraloría y los organismos electorales a actuar con independencia y bajo el principio de legalidad”, señala el comunicado firmado por las colectividades.
“El decreto de la Consulta Popular se debe firmar ante el pueblo, ojalá ante miles de personas y debe hacerse en esta semana. Ya hemos estado en Bogotá y Barranquilla. ¿Dónde lo hacemos ahora?, ¿Cali o Medellín? Mañana tiene que definirse porque el día que firme debe ser delante… pic.twitter.com/jdLhYFn2h7
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 4, 2025
Debe verificarse la legalidad del decreto
Los partidos también hicieron un llamado directo al registrador nacional, Hernán Penagos, para que no inicie ningún proceso electoral sin antes verificar la legalidad del decreto presidencial.
Además, recordaron que el Consejo de Estado avaló la decisión del Congreso de archivar la propuesta del Gobierno, lo que, a su juicio, deja sin piso jurídico la insistencia del Ejecutivo.
“Manifestamos nuestra profunda preocupación por el grave daño institucional que este Gobierno está causando (…) No podemos quedarnos callados mientras se instrumentalizan causas sociales para fines contrarios al orden constitucional”, afirmaron.
El pronunciamiento colectivo marca un nuevo episodio en la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un escenario donde la reforma laboral, aprobada en tercer debate, aún está pendiente de discusión en la plenaria del Senado.
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