Petro designa 16 ex AUC como gestores de paz hasta 2026
El presidente Gustavo Petro firmó la Resolución 327 de 2025, mediante la cual 16 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron designados como gestores de paz. La medida, que tendrá vigencia hasta el 6 de agosto de 2026, busca reactivar un proceso pendiente desde la desmovilización paramilitar de 2003 y se enmarca en la política de “paz total” del Gobierno. La decisión, sin embargo, ha generado un intenso debate entre quienes la ven como un paso hacia la reconciliación y quienes la consideran una afrenta a las víctimas.
Quiénes integran la lista de gestores de paz
Entre los nombres más conocidos figuran Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (‘Jorge 40’) y Hernán Giraldo Serna, exjefes paramilitares señalados por masacres, desplazamientos y violaciones a los derechos humanos. También fueron incluidos Carlos Mario Jiménez (‘Macaco’), Freddy Rendón Herrera (‘El Alemán’), Diego Fernando Murillo (‘Don Berna’), Ramiro Vanoy Murillo y Manuel de Jesús Pirabán, entre otros.
La resolución establece que cada uno tendrá un plan de trabajo definido por el Ministerio del Interior, bajo condiciones excepcionales y temporales. Su rol será aportar información sobre dinámicas criminales, economías ilegales y contribuir a la búsqueda de salidas negociadas al conflicto armado. El Gobierno aclaró que esta designación no implica beneficios judiciales, excarcelaciones ni cambios en su situación jurídica actual.
Resolución 327 de 2025 – designación de gestores de paz
Reacciones y críticas de las víctimas
Las organizaciones de víctimas han rechazado la medida al considerar que convierte a los victimarios en protagonistas de un proceso que debería centrarse en la verdad, la justicia y la reparación. “Nombrar a los responsables de masacres como constructores de paz es una afrenta a nuestra memoria”, expresaron voceros de asociaciones en Norte de Santander y el Catatumbo.
En redes sociales, sectores de oposición calificaron la resolución como una “concesión peligrosa” y acusaron a Petro de debilitar la confianza en la justicia. Para algunos congresistas, el mensaje que se envía al país es que quienes cometieron graves crímenes pueden terminar recibiendo reconocimiento institucional.
El argumento del Gobierno Petro
Desde la Presidencia y el Ministerio del Interior, la medida es defendida como una herramienta para avanzar en la reconciliación. “Su conocimiento de las estructuras criminales y su papel en los procesos pasados permitirá evitar nuevas violencias y cerrar deudas históricas con la sociedad”, afirmó el ministro Armando Benedetti.
El Gobierno insiste en que el nombramiento de estos gestores de paz es un paso audaz en la construcción de la paz totaly una oportunidad para terminar lo que quedó inconcluso en la Ley de Justicia y Paz de 2005. Según sus defensores, la presencia de los ex-AUC en el proceso contribuirá a desactivar economías ilegales y acompañar otros diálogos con actores armados.
Un debate que divide al país
Con la Resolución 327, Gustavo Petro asume uno de los desafíos políticos más controvertidos de su mandato. Mientras sus aliados aseguran que es una apuesta necesaria para lograr reconciliación, la oposición advierte que la medida mina la confianza en las instituciones y revictimiza a quienes sufrieron el accionar paramilitar.
La discusión sigue abierta: ¿estos exjefes paramilitares podrán convertirse en auténticos gestores de paz o se trata simplemente de una estrategia política para reforzar la legitimidad de la “paz total”?
