Durante el Sexto Consejo de Ministros, transmitido en televisión nacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló una grave denuncia que pone en el centro del debate a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Supervigilancia.
Armamento perdido
Según el mandatario, más de 62.000 armas registradas en esta entidad han desaparecido sin dejar rastro, lo que podría estar vinculado con una presunta red de corrupción al interior del organismo.
“Estas armas fueron autorizadas por la Superintendencia en gobiernos anteriores, y ahora no sabemos dónde están”, afirmó Petro, haciendo referencia a los periodos presidenciales de César Gaviria y Álvaro Uribe, a quienes señaló por permitir la expansión descontrolada de empresas de seguridad privada sin la debida supervisión estatal.
El presidente expresó su preocupación por el posible destino de estas armas, advirtiendo que podrían haber terminado en manos de organizaciones criminales o grupos armados ilegales que operan en distintas regiones del país.
“Estamos frente a un riesgo grave para la seguridad nacional”, sentenció el jefe de Estado.
Ante la magnitud del caso, el mandatario anunció que solicitará a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación urgente para esclarecer la desaparición de las 62.664 armas, identificar a los responsables y determinar si existen implicaciones penales y administrativas.
Apoyo total al mandatario
Asimismo, varios miembros del gabinete ministerial expresaron su respaldo a las declaraciones del presidente y coincidieron en la necesidad de intervenir aquellas empresas de vigilancia que no cumplan con los estándares legales y que puedan representar un riesgo para la seguridad pública.
El Gobierno aseguró que se tomarán medidas inmediatas para reforzar los controles sobre el sector de la seguridad privada, mientras avanza la investigación sobre uno de los escándalos más delicados que ha enfrentado recientemente la Superintendencia de Vigilancia.
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