El presidente Gustavo Petro volvió a radicar este lunes ante el Senado de la República la solicitud de consulta popular que plantea 16 preguntas clave sobre las reformas sociales de su Gobierno.
Nuevamente el trámite
El nuevo trámite busca subsanar un posible error legal en la radicación inicial del 19 de mayo, que fue realizada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sin tener la facultad constitucional para ello.
Según lo establece el artículo 104 de la Constitución Política, únicamente el presidente de la República está habilitado para presentar formalmente una consulta popular ante el Congreso.
Gustavo Petro recula y hoy volvió a radicar la consulta popular ante el Senado de la República.
Tenía razón el representante @AForeroM, la radicación hecha por el ministro Jaramillo estaba mal pues no tenía la competencia para hacerlo.
El gobierno es un absoluto desastre pic.twitter.com/0tsj5xwRFG
— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) May 27, 2025
Actuaba solamente como delegado presidencial
En su momento, Jaramillo actuaba como delegado presidencial, pero no contaba con esa competencia específica, lo que generó controversia jurídica y política.
En esta nueva radicación, Petro incluyó un texto aclaratorio en el que explica que su ministro actuó bajo “expresas instrucciones” suyas.
No obstante, reconoce que dicha acción “ha generado una serie de posturas de orden jurídico y político que tienden a obstaculizar y oscurecer el camino democrático que la Constitución señala para sacar adelante las reformas sociales que el pueblo reclama”.
Firma directa del presidente
Por esa razón, el mandatario firmó personalmente la nueva solicitud, manifestando su voluntad directa:
“En mi calidad de Presidente de la República y en aras de dar claridad sobre la voluntad de este Gobierno de avanzar en la convocatoria de una consulta popular, por la presente me permito manifestar (…) mi deseo de obtener el concepto previo y favorable del Senado de la República para la realización de la consulta popular”.
Con esta rectificación, el Gobierno busca destrabar el proceso legislativo que permita avanzar hacia la votación de una consulta que, de ser aprobada por el Senado, sería sometida al voto ciudadano para legitimar las reformas impulsadas por la administración Petro.
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