La controversia entre Petro y Consejo de Estado surgió después de que el presidente asegurara que la suspensión de dos apartes del Decreto 802 dejó sin financiación la respuesta del Gobierno ante el fenómeno de El Niño. Sin embargo, la decisión judicial no detuvo la declaratoria de desastre ni suspendió todos los recursos destinados a enfrentar sus efectos.
“Al detener la emergencia, un magistrado del Consejo de Estado acaba de desfinanciarla por completo”, escribió Gustavo Petro en X. Según el mandatario, la decisión retrasa proyectos de agua potable, producción de alimentos, fertilizantes y energía solar previstos para anticipar una posible sequía.
Lo afirmado por Petro no coincide completamente con la decisión. El Consejo de Estado suspendió únicamente el parágrafo del artículo 4 y el segundo párrafo del artículo 5 del Decreto 802. Los demás apartes, incluida la declaratoria de desastre por el fenómeno de El Niño, continúan vigentes.
Petro y Consejo de Estado discrepan por el manejo del dinero
La discusión no está relacionada con la existencia del fenómeno climático ni con la necesidad de preparar al país. El cuestionamiento del Consejo de Estado se concentra en la forma elegida por el Gobierno para trasladar el dinero.
Los apartes suspendidos permitían al Ministerio de Hacienda mover recursos del Presupuesto General de la Nación hacia una cuenta del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. El decreto no indicaba cuánto dinero sería trasladado, de cuáles partidas saldría ni para qué sería utilizado específicamente.
El Gobierno respaldó esa facultad en el artículo 50 de la Ley 1523 de 2012, que obliga a garantizar recursos para atender situaciones de desastre. Según el Consejo de Estado, esa norma no permite al Ministerio de Hacienda modificar partidas aprobadas por el Congreso sin una ley que lo autorice o sin declarar un estado de excepción.
Petro aseguró que el dinero ya tenía usos definidos y que sería administrado por los ministerios de Vivienda, Agricultura y Minas, además de otras entidades. Sin embargo, esa distribución no aparece detallada en los apartes suspendidos del Decreto 802.
Ha surtido efecto el escándalo construido ayer.
Recibimos presiones para no decretar la emergencia por la inminencia del meganiño.
Un magistrado acaba de desfinanciarla por completo olvidando que las obras fundamentales sobre el agua potable y la alimentación que pueden faltar,…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 29, 2026
Petro respondió a María Clara Posada
La demanda fue presentada por la senadora María Clara Posada, quien celebró la decisión como un freno al “cheque en blanco” que, según afirmó, el Gobierno pretendía entregar a la UNGRD.
Petro rechazó esa interpretación. Explicó que el dinero debía pasar por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo por obligación legal, pero que sería administrado por otras entidades.
“Cheque en blanco” es una expresión política utilizada por María Clara Posada. Aun así, la decisión del Consejo de Estado respaldó provisionalmente uno de sus cuestionamientos: el decreto permitía hacer traslados sin determinar el monto, el lugar del presupuesto del que saldría el dinero y el uso que tendría.
El presidente también sugirió que detrás de la decisión judicial podía haber “negocios”, pero no presentó pruebas que respaldaran esa acusación.
Esto es una mentira el dinero traslado ya se había establecido en convenios que entidades la manejarian su paso por UNGRD es obligatorio por ley
Agua potable: el ministerio de vivienda y agua potable
Alimentación: ministerio de agricultura, ANT y ADR.
fertilizantes: fondo de… https://t.co/usK08Ceu3D
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 30, 2026
La suspensión todavía no es definitiva
El choque entre Petro y Consejo de Estado continuará mientras se estudia la demanda presentada por María Clara Posada. La suspensión es provisional y todavía no existe una decisión definitiva sobre la legalidad de los apartes cuestionados.
El Consejo de Estado actuó con urgencia porque el dinero podía ser comprometido antes de que avanzara el proceso. El decreto permitía contratar bajo las reglas especiales para situaciones de desastre, sin una licitación pública y mediante negociación directa de precios.
Mientras se resuelve el caso, solo permanecerán suspendidos los dos apartes que autorizaban el traslado y la recepción del dinero. La declaratoria de desastre y las demás medidas para atender el fenómeno de El Niño siguen vigentes.
Te puede interesar: Consejo de Estado frena traslados de $4 billones a UNGRD
