Senado advierte crisis por presupuesto Senado 2026: despidos y riesgo en la seguridad del Capitolio
El presupuesto Senado 2026 encendió las alarmas al interior del Congreso de la República, luego de que la Dirección General Administrativa advirtiera que la entidad enfrenta un faltante cercano a los $143 mil millones, situación que obligaría al despido de alrededor de 70 personas y pondría en riesgo la seguridad del Capitolio Nacional, así como el apoyo operativo que actualmente recibe la Policía Nacional.
Recorte presupuestal golpea el funcionamiento del Senado
De acuerdo con documentos oficiales enviados a la Comisión de Administración del Senado, el presupuesto asignado para la vigencia 2026 es inferior en un 35 % frente a lo solicitado en el anteproyecto presentado al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación. Esta reducción impacta directamente rubros clave como gastos de personal, funcionamiento, inversión y servicios de apoyo tecnológico y de seguridad.
Documento oficial sobre el presupuesto Senado 2026
Según el informe, mientras el Senado solicitó $656.321 millones para operar en 2026, el presupuesto finalmente asignado fue de $486.548 millones, una diferencia que compromete la capacidad operativa de la corporación y limita la continuidad de varios contratos esenciales.
Riesgo en la seguridad del Capitolio y apoyo a la Policía
Uno de los puntos más sensibles de la crisis por el presupuesto Senado 2026 es el impacto en la seguridad del Capitolio. La Dirección Administrativa alertó que, de no contar con los recursos necesarios, se suspenderían servicios técnicos y operativos fundamentales para el control de accesos, monitoreo de cámaras, sistemas biométricos, detección de incendios y equipos de rayos X.
Además, se afectaría el acompañamiento que actualmente se brinda a la Policía Nacional en las sedes del Congreso, así como el apoyo en los puestos de ingreso y control de visitantes. Estos servicios son prestados, en gran parte, por personal en condición de discapacidad, exintegrantes de la Fuerza Pública y personas desmovilizadas, quienes quedarían sin contrato.
Cerca de 70 personas quedarían sin empleo
El documento advierte que, si no se viabiliza una solución antes del 31 de enero de 2026, fecha en la que entra en vigencia la ley de garantías electorales, el Senado no podría suscribir nuevos contratos ni prorrogar los existentes. Esto dejaría sin empleo a aproximadamente 70 trabajadores, afectando tanto el funcionamiento administrativo como la seguridad física y tecnológica del Congreso.
Senado pide solución urgente al Gobierno
Ante este panorama, la mesa administrativa del Senado solicitó al Gobierno Nacional girar los recursos faltantes o, en su defecto, autorizar el traslado de recursos propios para cubrir las necesidades urgentes de funcionamiento y seguridad. La advertencia es clara: sin una solución inmediata, el Congreso podría enfrentar bloqueos en sus sistemas de ingreso, fallas tecnológicas y debilitamiento de la seguridad institucional.
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