La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgerente de la Industria Licorera del Cauca, Luis Felipe Rebolledo Manzano, por presuntas irregularidades en la suscripción de un acta de liquidación de una orden de publicidad, cuyo valor asciende a cerca de $17 millones.
La publicidad, según se alega, la utilizaron para difundir contenido ajeno a los intereses de la empresa.
La Regional de Instrucción del Valle del Cauca señaló que el 3 de septiembre de 2019, Rebolledo Manzano firmó un documento que declaraba en paz y salvo al contratista por la ejecución de la orden de publicidad, la cual se llevó a cabo hasta el 30 de junio, a pesar de que el contrato estaba vigente hasta el 31 de diciembre.
Adicionalmente, desde el 2 de agosto se habrían utilizado las vallas publicitarias para promocionar material no relacionado con la empresa.
Falta de control en la Ejecución del Contrato
En un segundo cargo, la Procuraduría reprochó al exgerente por presuntamente no adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del contrato o hacer efectiva la garantía requerida.
Esta omisión permitió que las vallas se usaran para fines ajenos a la empresa durante casi cinco meses, lo que constituye una vulneración de los principios de moralidad y responsabilidad.
Cargos contra cxfuncionarios de la Licorera
Además, la Entidad formuló cargos a Angélica Montilla Montilla, exjefe de la División Jurídica de la Industria Licorera del Cauca, y a Carlos Andrés Ordóñez Erazo, supervisor de la orden de publicidad.
Se alega que Montilla revisó y avaló la suscripción del acta de liquidación, pasando por alto las irregularidades, mientras que Ordóñez supuestamente no ejerció adecuadamente sus funciones de supervisión, firmando el acta sin verificar el cumplimiento completo del contrato.
Faltas Gravísimas Calificadas como Dolosas
La Procuraduría calificó de manera provisional las acciones de Rebolledo Manzano, Montilla Montilla, y Ordóñez Erazo como faltas gravísimas cometidas a título de dolo.
Estos cargos reflejan la gravedad de las supuestas irregularidades en la gestión de los recursos públicos y el incumplimiento de los deberes administrativos por parte de los implicados.
