La Procuraduría General de la Nación ha interpuesto un recurso de reposición contra la resolución de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Que otorgó la licencia ambiental para la exploración del pozo Komodo-1 en el mar Caribe, un proyecto desarrollado por Ecopetrol y Anadarko.
El recurso está dirigido a revocar o modificar parcialmente algunos artículos de la resolución, específicamente los artículos 20 y 21, argumentando que estos afectan la autonomía de la ANLA y exceden sus competencias.
Controversia sobre el Plan de Manejo Ambiental
Uno de los puntos más controversiales señalados en el recurso es el artículo 20 de la resolución. Que establece que el plan de manejo ambiental del proyecto debe ser aprobado previamente por la ANLA. Según la Procuraduría, la normativa vigente indica que dicho plan debe ser aplicado de manera unilateral por los desarrolladores del proyecto, mientras que la ANLA tiene la responsabilidad de hacerle seguimiento, pero no de aprobarlo.
“La ANLA únicamente debe realizar un seguimiento y control ambiental a los planes de manejo, no intervenir en su aprobación”, señaló el procurador Gustavo Adolfo Guerrero.
De acuerdo con la Procuraduría, esta disposición afecta el procedimiento legalmente establecido y podría comprometer la autonomía de la autoridad ambiental.
La @PGN_COL apeló una decisión de la @ANLA_Col sobre exploración en el Caribe, señalando que algunos artículos exceden sus competencias y vulneran el debido proceso. AQUÍ todos los detalles #EsNoticia https://t.co/04u747fOTq pic.twitter.com/uhhnsfmXVp
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) January 10, 2025
El artículo 21 de la resolución ha generado igualmente preocupación. Ya que propone la creación de un “grupo de expertos” para emitir recomendaciones sobre el manejo ambiental del proyecto. Estas recomendaciones, de acuerdo con la norma, podrían influir en las decisiones de la ANLA respecto a los planes de manejo ambiental específicos. La Procuraduría considera que esta medida podría debilitar la autonomía técnica y administrativa de la ANLA en sus funciones de seguimiento y control de los proyectos.
El procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz. Expresó que las recomendaciones de este grupo de expertos no deberían ser vinculantes, ya que esto podría “menguar la autonomía de la ANLA en su labor de seguimiento y control“.
Defensa de las competencias de la ANLA
La Procuraduría argumenta que la ANLA tiene dos funciones fundamentales. La evaluación y la autorización de licencias ambientales para proyectos que puedan generar impactos negativos en los recursos naturales, y el seguimiento y control de los proyectos una vez la licencia ha sido otorgada. Según el ente de control, las disposiciones cuestionadas en la resolución de Komodo-1 no solo desdibujan estas funciones. Sino que también abren la puerta a posibles presiones externas sobre la autoridad ambiental.
“El control y seguimiento de las actividades que impactan el medio ambiente deben ser exclusivamente responsabilidad de la ANLA”, destacó el procurador Guerrero.
Subrayando que este tipo de decisiones no pueden depender de influencias externas, como las recomendaciones de un grupo de expertos.
Como resultado de estos cuestionamientos. La Procuraduría ha solicitado a la ANLA que revoque los apartados de la resolución de Komodo-1 relacionados con la aprobación del plan de manejo ambiental y la conformación obligatoria del grupo de expertos. En cuanto a este último. La Procuraduría sugirió que la formación del grupo se establezca como una opción, no como una obligación, para evitar afectar la autonomía de la ANLA en su labor de supervisión.
Este recurso refleja el compromiso de la Procuraduría por defender el orden jurídico y garantizar la protección del medio ambiente en el marco de las actividades que impactan los recursos naturales.
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