La Fiscalía General de la Nación destapó una nueva arista en caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Una misteriosa “puerta blanca” en la Casa de Nariño, utilizada para ingresar a oficinas presidenciales sin dejar rastro en los registros oficiales.
Durante la audiencia contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y estrecho colaborador del presidente Gustavo Petro, el ente acusador presentó imágenes de videovigilancia que muestran el uso de este acceso restringido por parte de varios implicados en el caso.
Reuniones sin rastro en la sede del poder
Uno de los episodios más comprometedoras ocurrió minutos antes de una cita entre González y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones.
En las grabaciones se observa a Ortiz junto a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, conversando discretamente junto a la “puerta blanca”. Según la fiscal del caso, María Cristina Patiño, la exfuncionaria habría abordado a López para tratar un tema reservado, en línea con su testimonio previo.
Estos encuentros, asegura la Fiscalía, estarían directamente relacionados con la entrega de sobornos a altos congresistas como Iván Name y Andrés Calle.
Sandra Ortiz habría actuado como intermediaria de los pagos, bajo instrucciones de Carlos Ramón González, quien enfrenta acusaciones por peculado, cohecho y lavado de activos.
Un acceso sin control y con graves implicaciones
La existencia de esta puerta secreta, sin controles de registro, ha desatado inquietudes sobre el nivel de secretismo y posible manipulación institucional al interior del Palacio Presidencial.
El uso de ese paso exclusivo por parte de implicados en una trama de corrupción millonaria deja al descubierto fallas estructurales en los protocolos de transparencia y vigilancia en la sede del Ejecutivo.
Mientras tanto, el paradero de Carlos Ramón González es incierto. La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento privativa de libertad, al considerar riesgo de fuga y posible obstrucción de la justicia.
El escándalo, que ya compromete a exfuncionarios de alto nivel del gobierno Petro, sigue creciendo, y ahora pone en la mira no solo a la UNGRD sino también a los mecanismos de ingreso y control en el corazón del poder presidencial.
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