El 160% que revela el drama del reclutamiento de menores en Colombia
El reclutamiento de menores volvió al centro del debate público tras la advertencia del representante a la Cámara Julio César Triana, quien denunció que este delito aumentó un 160% entre 2021 y 2024 y que, bajo el actual Gobierno Petro, la tendencia continúa al alza. La denuncia avivó un clima de preocupación nacional en medio de recientes bombardeos contra estructuras vinculadas a las disidencias de Iván Mordisco, donde murieron más de una docena de adolescentes reclutados por grupos armados ilegales.
Un aumento del reclutamiento que sacude al país
Según Triana, el aumento del reclutamiento no solo alcanzó un 160% en los últimos años, sino que en 2025 ya se estarían registrando cifras equivalentes a las de 2023. El congresista advirtió que el delito estaría creciendo a un ritmo del 38% anual durante el actual gobierno, pese a las alertas de la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo que enfrentan niños y adolescentes en zonas rurales.
Para Triana, este deterioro evidencia fallas estructurales en la prevención estatal y la falta de estrategias capaces de frenar la presión que ejercen organizaciones criminales sobre familias vulnerables, especialmente en regiones golpeadas por el conflicto armado en Colombia.
Los menores en bombardeos: el rostro más trágico del conflicto
La denuncia se conoció tras la confirmación de la muerte de más de una docena de jóvenes en operaciones aéreas contra estructuras asociadas a las disidencias de Iván Mordisco. Estos hechos reavivaron el debate sobre los protocolos militares, el riesgo de atacar campamentos con presencia de menores y la responsabilidad del Estado frente a la protección de la niñez.
Triana sostuvo que, si el Estado hubiera impedido la vinculación forzada, “estos menores no habrían terminado dentro de campamentos bombardeados”.
El reclutamiento forzado vulnera el presente y el futuro de los niños, niñas y adolescentes.
En cada territorio del país, las y los menores de edad deberían crecer en paz, en entornos donde prime su seguridad y bienestar integral con oportunidades.
Entre enero y octubre de 2025… pic.twitter.com/nLTYkD2HtJ
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 14, 2025
Alertas ignoradas y una política pública insuficiente
La Defensoría del Pueblo ha documentado incrementos en las presiones contra adolescentes en zonas de difícil acceso, donde los grupos armados continúan expandiéndose y controlando territorios. Sin embargo, según Triana, las rutas de atención comunitaria no han sido fortalecidas y las mesas de negociación con estructuras armadas no han reducido los delitos asociados al reclutamiento.
El congresista afirmó que Colombia necesita una estrategia de prevención integral, enfocada en limitar la capacidad de los grupos ilegales para atraer, retener o forzar a los menores a integrarse. Mientras no exista una intervención estatal contundente, “los niños seguirán siendo botín de guerra en los territorios más vulnerables”.
El debate continúa abierto y vuelve a poner en el centro la urgencia de proteger a la niñez en regiones como Cauca, Valle, Nariño y Chocó, donde la violencia armada sigue avanzando sin freno.
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