Recorte a la Defensoría del Pueblo pone en riesgo la protección de derechos humanos en Colombia
La reducción del presupuesto 2026 afecta misiones humanitarias y el sistema de alertas tempranas
El recorte a la Defensoría del Pueblo aprobado en el Presupuesto General de la Nación 2026 amenaza con paralizar los programas esenciales de derechos humanos en Colombia. La defensora Iris Marín advirtió que la disminución del 30 % en la inversión golpeará directamente las misiones humanitarias, el sistema de alertas tempranas y la defensa pública en regiones marcadas por la violencia y el desplazamiento forzado.
Según la entidad, el recorte a la Defensoría del Pueblo equivale a 151.222 millones de pesos menos de lo solicitado, lo que representa un ajuste del 30 % y un acumulado del 47 % respecto a 2024.
“Este recorte compromete nuestra capacidad operativa en los territorios donde más se necesita presencia institucional”, explicó Iris Marín, defensora del pueblo. “Tendremos que reducir analistas, cerrar casas de los derechos y limitar misiones humanitarias. Es dramático, no solo para la Defensoría, sino para la gente que acompañamos”, añadió.
Menos recursos, más riesgos para las comunidades
El presupuesto 2026 también limita el funcionamiento del sistema de alertas tempranas, una herramienta clave para prevenir violaciones de derechos humanos. Mientras la violencia se incrementa en departamentos como Cauca, Nariño y Chocó, la entidad teme no poder sostener la cobertura en zonas críticas.
Organizaciones sociales alertaron que una menor presencia institucional podría aumentar los riesgos para comunidades rurales y líderes sociales.
Falta de diálogo con el Gobierno
Iris Marín defensora del pueblo denunció que desde julio no ha logrado reunirse con el Ministerio de Hacienda ni con la Presidencia para discutir los efectos del recorte a la Defensoría del Pueblo. “Nunca recibimos respuesta del Gobierno nacional. Pedí cita tres veces con el Ministro de Hacienda y todas fueron reprogramadas”, afirmó.
De mantenerse el ajuste, se suspenderían proyectos esenciales como la defensa pública gratuita para personas de bajos recursos, la prevención del reclutamiento infantil y las misiones humanitarias en zonas de conflicto.
La Defensoría advierte que este recorte a la Defensoría del Pueblo podría convertirse en un verdadero apagón institucional para los derechos humanos en Colombia.
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