La reforma a la salud, que promete cambiar profundamente el sistema sanitario del país, está a solo un paso de ser aprobada en segundo debate en la Cámara de Representantes.
Con la aprobación reciente de varios puntos clave, solo quedan pendientes ocho artículos para su discusión final, lo que marca un avance significativo hacia su posible implementación.
Tema polémico
Uno de los elementos más controversiales de la reforma es la transformación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
Bajo la nueva normativa, ADRES se convertirá en el pagador único del sistema de salud, asumiendo la responsabilidad de gestionar los fondos destinados a la salud, realizar pagos directos a los prestadores de servicios y supervisar el uso de los recursos públicos.
Esta centralización, según los promotores de la reforma, busca aumentar la eficiencia en la distribución de los fondos.
Sin embargo, críticos como el representante Andrés Forero han expresado preocupaciones sobre los riesgos que conlleva este modelo.
Según Forero, la reforma podría convertir a ADRES en un “foco de corrupción inimaginable”, generando desconfianza en la gestión de los recursos públicos.
Por su parte, la representante Jennifer Pedraza también mostró su desacuerdo con la reforma. “ADRES pasa de 7 a 32 funciones con solo 200 empleados.
Es indignante. Pedimos quitarle un 1% de la plata a las EPS para fortalecerla y contratar más personal, pero lo negaron.
¿Más plata para las EPS y menos para garantizar la salud de todos?“, afirmó Pedraza, señalando la falta de preparación de la entidad para asumir tantas responsabilidades.
En otro aspecto clave de la reforma, las Empresas Promotoras de Salud (EPS) deberán transformarse en gestoras de salud en un plazo de dos años.
Durante los primeros tres meses después de la entrada en vigencia de la reforma, las EPS deberán solicitar su transición, lo que implicará ajustes estructurales y operativos, incluido el giro directo de los recursos a través de ADRES.
Además, deberán reorganizarse en subregiones funcionales para mejorar la gestión de los servicios de salud a nivel nacional.
Uno de los avances más destacados en la reforma es la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS).
Estos centros serán fundamentales en el primer contacto entre la población y el sistema de salud, con un enfoque en la prevención y promoción de la salud.
Seis meses de información de la ley
Según la reforma, el Ministerio de Salud tendrá seis meses después de la promulgación de la ley para reglamentar el funcionamiento de los CAPS, asegurando que cumplan con los estándares de salud pública y estén preparados para atender las necesidades de la población.
La reforma también establece nuevas disposiciones sobre el monto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que se definirá por la Comisión Asesora y el Consejo Nacional de Salud.
Una parte de estos recursos se destinará específicamente a la atención primaria en salud, aunque este punto también ha generado controversia.
La representante Catherine Juvinao criticó duramente la forma en que se ha manejado la discusión sobre la UPC. “Quieren seguir definiendo la UPC a las patadas.
Recordemos que los asesores técnicos del Ministerio le dijeron al ministro Jaramillo que el ajuste de la UPC de 2025 debía ser del 20%, y en respuesta el ministro lo echó por tránsfuga”, señaló Juvinao, subrayando las dificultades en la toma de decisiones y el manejo de los recursos en el sector.
Con estos avances, la reforma a la salud sigue generando debate en el Congreso, y aunque algunos aspectos están siendo respaldados, otros continúan siendo motivo de discordia entre los legisladores.
El futuro del sistema de salud en Colombia dependerá de los acuerdos finales que se alcancen en los próximos debates.
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