La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que esta semana emitirá un pronunciamiento definitivo sobre la validez del decreto 0639, firmado por el presidente Gustavo Petro, que convoca a una consulta popular el próximo 7 de agosto. La decisión se dará en medio de una creciente tensión política y jurídica.
Desde Puerto Carreño, Vichada, donde se realizaron elecciones atípicas este fin de semana, el registrador nacional Hernán Penagos confirmó que el análisis jurídico del decreto avanza con “juicio y rigor”. Según reveló, el organismo ha recibido una avalancha de acciones legales que buscan frenar la consulta.
“Tenemos alrededor de 30 demandas de nulidad simple ante el Consejo de Estado, seis de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, más de 80 tutelas, y siete solicitudes que nos piden aplicar la excepción de inconstitucionalidad para no convocar la consulta”, detalló Penagos. También se han radicado numerosos derechos de petición sobre el tema.
El decreto presidencial fue expedido bajo la figura de la excepción de inconstitucionalidad, con el argumento de que las reformas sociales impulsadas por el Gobierno fueron bloqueadas en el Congreso mediante lo que el Ejecutivo ha llamado un “sabotaje legislativo”.
No obstante, el Senado de la República certificó que la iniciativa fue archivada conforme a los trámites reglamentarios, lo que abrió un fuerte debate sobre la legalidad y conveniencia de someter el asunto a consulta popular.
Atención: El Registrador Nacional Hernán Penagos anuncia que a comienzos de esta semana, la @Registraduria emitirá pronunciamiento sobre el decreto firmado por el Gobierno convocando a la consulta popular. Penagos revela desde Vichada que han llegado 7 solicitudes para que… pic.twitter.com/tGtsWbMCBk
— Ricardo Ospina (@ricarospina) June 15, 2025
Procuraduría pide respetar la independencia judicial
Frente al clima de confrontación institucional, el procurador general, Gregorio Eljach, hizo un llamado a la prudencia y a no presionar a los jueces.
“Necesitamos que estén tranquilos, que no se les presione. Ya una tutela señaló que lo único que faltó fue comunicarle a una senadora la apelación, pero el fallo fue favorable. Esperamos que el Consejo de Estado y la Corte hagan su tarea. Queremos un país que converse, que logre consensos”, afirmó.
La decisión de la Registraduría podría marcar un antes y un después en la relación entre el Gobierno y los organismos de control y justicia.
Mientras tanto, el país político sigue a la expectativa de si los colombianos irán o no a las urnas el 7 de agosto.
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