Salario vital en Colombia: gremios y sindicatos advierten efectos del aumento del 23,7 %
El salario vital en Colombia, decretado por el Gobierno con un incremento del 23,7 %, ha abierto un intenso debate nacional. Aunque la medida busca mejorar el ingreso de quienes devengan el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMLV), distintos gremios empresariales y sectores sindicales coinciden en advertir que sus efectos podrían sentirse con fuerza en el empleo formal, la inflación y la sostenibilidad fiscal del país.
Sector turismo alerta por riesgos en empleo y competitividad
La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) manifestó su preocupación por el impacto del salario vital en Colombia sobre el sector turismo, uno de los mayores generadores de empleo formal.
Según el gremio, el aumento desajusta la planeación financiera de las empresas, reduce la competitividad del turismo receptivo y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, especialmente en micro, pequeñas y medianas empresas. Anato insistió en que las decisiones sobre el salario mínimo deben adoptarse con criterios técnicos, diálogo social y visión de largo plazo, para evitar efectos adversos sobre la sostenibilidad empresarial.
Salario vital en Colombia: Anato alerta impactos en el turismo
CGT advierte presión sobre el costo de vida e informalidad
Desde el ámbito sindical, un sector de la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezado por Jorge Iván Díez, alertó que el incremento del salario mínimo para 2026, aunque beneficia directamente a quienes ganan el SMLV, podría tener efectos negativos para amplios sectores de la población.
El sindicato advirtió que el salario vital en Colombia podría encarecer el costo de vida, afectar a 13,5 millones de trabajadores informales, ampliar la brecha para los pensionados y ejercer presiones inflacionarias que impacten con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos.
Esta es la posición de la CGT Democratica e Independiente con relación al aumento del salario mínimo. @RevistaSemana @lafm @RedMasNoticias @estoescambio @ANDI_Colombia @acopi_nacional @Fedesarrollo @BruceMacMaster @FenalcoNacional @ADS_Americas @JorgeDiezCGT @BurchardtMeloFA pic.twitter.com/Wtf4Qs1KAo
— @CGT_AUTONOMA (@CGT_ADS) December 30, 2025
Consejo Gremial cuestiona falta de sustento técnico
El Consejo Gremial Nacional expresó su rechazo al incremento del 23,7 %, al considerar que no responde a la realidad económica ni fiscal del país. Según el gremio, el ajuste se adoptó sin atender variables clave como productividad, inflación y capacidad real de pago de las empresas y del sector público.
El pronunciamiento recordó que el Banco de la República ha advertido reiteradamente que aumentos elevados del salario mínimo pueden presionar la inflación, afectar las finanzas públicas y generar incertidumbre para la inversión y la creación de empleo formal.
Inflación, tarifas y finanzas públicas en la mira
El Consejo Gremial advirtió que el salario vital en Colombia tendrá un efecto multiplicador en bienes y servicios indexados al SMLV, como vivienda de interés social, transporte, tarifas y multas. Además, alertó sobre impactos en las reservas pensionales, tanto en el régimen de prima media como en el de ahorro individual.
Las cifras laborales refuerzan la preocupación. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en 2025 11,38 millones de personas ganan menos de un salario mínimo, mientras la informalidad alcanza 13,6 millones de trabajadores, con un aumento sostenido en el último año.
Un debate abierto en medio de la estrechez fiscal
Los gremios también cuestionan la coherencia de la medida, al señalar que se decreta en medio de una emergencia económica por un faltante de financiación del Presupuesto General de la Nación para 2026, estimado en 16 billones de pesos. Según sus cálculos, el aumento del salario mínimo podría generar un impacto superior a 9 billones de pesos en costos laborales y obligaciones asociadas.
Así, el salario vital en Colombia se convierte en el centro de una discusión nacional que enfrenta el objetivo de mejorar los ingresos de los trabajadores con los riesgos sobre inflación, empleo e informalidad, en un contexto económico y fiscal especialmente complejo.
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