CNE sanciona campaña Petro Presidente por violar topes electorales y financiarse con fuentes prohibidas
En una decisión sin precedentes en la política colombiana, el Consejo Nacional Electoral (CNE sanciona campaña) de Petro Presidente 2022 tras comprobar irregularidades graves en el manejo de recursos durante la primera y la segunda vuelta presidencial.
La resolución, votada el 27 de noviembre de 2025, marca la primera vez que una campaña ganadora en Colombia recibe una sanción de esta magnitud por violación de topes y financiación irregular.
La Sala Plena del CNE tomó la decisión en Cartagena, con una votación 6 a 3, aprobando la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, quienes lideraron una investigación que se extendió por más de un año. El voto decisivo lo entregó el conjuez Majer Nayib Abushihab, cuyo apoyo permitió destrabar un proceso que había enfrentado recusaciones e impedimentos internos.
Un proceso complejo que terminó en una sanción histórica
Durante la sesión, el CNE concluyó que la campaña de Gustavo Petro sobrepasó los topes electorales por más de 5.300 millones de pesos, disfrazados de:
- Gastos no reportados
- Pagos ocultos
- Aportes que no fueron incluidos en los informes oficiales.
La investigación también reveló que cerca de 30.000 testigos electorales fueron remunerados, pese a que estos pagos no aparecían en los reportes de la campaña.
La decisión señala directamente a quienes manejaron las finanzas:
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Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol.
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Lucy Aidee Mogollón, tesorera.
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María Lucy Soto, auditora.
Los tres deberán responder por multas acumuladas que superan los 5.200 millones de pesos cada uno, sumando conceptos como financiación irregular y violación de topes en ambas vueltas. Además, Roa deberá reintegrar más de 165 millones correspondientes al evento realizado en el Movistar Arena el 19 de junio de 2022.
Irregularidades que encendieron las alarmas del CNE
La resolución detalla múltiples hallazgos, entre ellos:
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Aportes no reportados provenientes del sindicato de maestros Fecode.
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Publicidad política oculta, incluyendo pauta en Caracol Televisión.
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Aportes de la Unión Patriótica y de otras organizaciones que no fueron declarados.
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Pago masivo a testigos electorales por medio de la empresa Ingenial Media SAS.
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Fuentes prohibidas de financiación, como aportes de personas jurídicas, incluyendo la Unión Sindical Obrera (USO).
La suma de estas irregularidades permitió concluir que la campaña no solo excedió los topes legales, sino que también incurrió en conductas expresamente prohibidas por la ley electoral colombiana.
Multas para partidos políticos
Además de las sanciones individuales, el CNE sanciona campaña también a las colectividades que avalaron al entonces candidato. Colombia Humana y la Unión Patriótica fueron multadas con 583 millones de pesos por la primera vueltay 583 millones adicionales por la segunda, al considerar que permitieron o toleraron la vulneración de la normatividad electoral.
Estas decisiones generan un impacto político relevante dentro del Pacto Histórico, coalición que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia. Aunque el mandatario no es sancionado debido al fuero constitucional que lo protege mientras ejerce el cargo, la compulsa de copias a la Comisión de Acusación indica que el expediente continuará su curso institucional.
El caso llega a Fiscalía y Comisión de Acusación
El CNE compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue si las actuaciones de Roa y otros implicados constituyen delitos como fraude procesal, financiación con fuentes prohibidas y violación de límites de gastos. También envió copia del expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, autoridad competente para investigar al Presidente de la República.
La resolución del CNE sanciona campaña y abre un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia electoral en Colombia. Para muchos analistas, se trata de una decisión de enorme trascendencia institucional que envía un mensaje claro sobre el control al financiamiento político, incluso cuando se trata de campañas que terminan ganando las elecciones.
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