El secuestro de cuatro jóvenes en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en el suroccidente del país.
El hecho ocurrió el pasado 15 de abril de 2026 en los corregimientos de Villa Paz y Quinamayó, en el Valle. Hombres armados irrumpieron en las comunidades, intimidaron a la población y se llevaron a las víctimas.
Autoridades locales y la Defensoría del Pueblo confirmaron que los jóvenes son mayores de edad, aunque inicialmente se informó que eran menores.
Este secuestro en Jamundí ha generado preocupación entre los habitantes, quienes aseguran que la presencia de grupos armados ilegales sigue afectando su tranquilidad y movilidad.
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Presencia armada y control territorial.
De acuerdo con reportes oficiales, los responsables del secuestro en Jamundí serían integrantes del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, estructura que opera bajo el mando de alias ´Iván Mordisco´. Testigos señalaron que los hombres armados llegaron en vehículos, realizaron las retenciones y dejaron grafitis con las siglas “FARC JM”, lo que refuerza la hipótesis sobre su autoría.

Este tipo de acciones evidencian el control territorial que ejercen estos grupos en zonas rurales del Valle del Cauca, donde la población civil queda expuesta a intimidaciones constantes. Tras lo ocurrido, la comunidad entró en estado de alerta y, en algunos sectores, las autoridades recomendaron no salir de las viviendas.
Jóvenes, las principales víctimas
Uno de los aspectos que más ha impactado en este caso es que entre los secuestrados hay jóvenes vinculados a una institución educativa local. Incluso algunos cursaban grado 11. Este secuestro en Jamundí refleja cómo la violencia sigue afectando directamente a las nuevas generaciones en territorios donde el conflicto armado persiste.
Familiares y habitantes de la zona han expresado su angustia y exigen respuestas rápidas por parte del Estado para lograr la liberación de los jóvenes.
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Operativos y exigencias institucionales
Tras el secuestro en Jamundí, las autoridades activaron operativos de búsqueda con el Gaula de la Policía y unidades del Ejército Nacional. Paralelamente, la Defensoría del Pueblo exigió la liberación inmediata e incondicional de los jóvenes, recordando la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario.
Además, la entidad pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en las investigaciones y al Gobierno nacional implementar medidas urgentes de protección para las comunidades rurales que hoy se encuentran en riesgo.
Comunidad en alerta
El secuestro en Jamundí no solo deja a cuatro familias en la incertidumbre, sino que también revive el temor en toda la región. Habitantes de Villa Paz y Quinamayó advierten que la situación de seguridad se ha deteriorado y que este tipo de hechos podrían repetirse si no hay una respuesta contundente por parte de las autoridades.
