La bancada del Pacto Histórico sufrió un nuevo traspié político este martes 20 de mayo. La Plenaria del Senado rechazó la solicitud para repetir la votación que había archivado la propuesta de consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro.
Denuncias por presuntas irregularidades.
Aunque la sesión del Senado tenía como objetivo elegir un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el debate cambió de rumbo. La senadora María José Pizarro denunció irregularidades en la votación anterior, cuando la consulta popular fue rechazada.
“La pasada sesión estuvo plagada de trampas, de leguleyadas y de gravísimas irregularidades que hacen ilegal la decisión de negar la consulta popular”, afirmó Pizarro, visiblemente molesta.
La congresista señaló inconsistencias entre los votos manuales y los electrónicos. También cuestionó que la votación solo duró tres minutos y denunció cambios indebidos en los registros de votación.
Esto no es así.
Lo que se negó fue mi apelación a la decisión de Efraín Cepeda de no discutir una proposición de la Senadora Isabel Zuleta.
Demostré que la Mesa Directiva debe cumplir el reglamento y tramitar las apelaciones, cosa que no ocurrió en la sesión en que se negó… https://t.co/0woPmE9XYs
— María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) May 21, 2025
A pesar de sus reclamos, la mayoría de la Plenaria negó la reapertura del debate. La votación se mantuvo firme y la propuesta de consulta sigue archivada.
Impacto político para el Gobierno.
Este resultado representa un nuevo golpe para el Gobierno nacional. La administración Petro había apostado por la consulta popular como mecanismo para legitimar sus reformas estructurales, incluida la reforma laboral.
Además, 19 ministros enfrentan denuncias por presunto prevaricato. Fueron señalados por presentar el proyecto sin tener las competencias constitucionales. Este hecho ha aumentado la tensión política en el Congreso.
El oficialismo continúa perdiendo terreno en el Legislativo. Mientras tanto, la oposición refuerza su influencia y pone más obstáculos al avance de las reformas propuestas desde la Casa de Nariño.
La decisión del Senado de cerrar definitivamente la puerta a la consulta confirma que el Gobierno Petro atraviesa un momento crítico en su relación con el Congreso. Insistir en ese mecanismo, sin construir previamente un consenso político sólido, ha debilitado su capacidad de maniobra y evidencia un exceso de confianza en la vía directa con la ciudadanía. Más preocupante aún es que las denuncias contra los ministros por presunto prevaricato reflejan fallas en el cálculo jurídico del Ejecutivo. En lugar de sumar respaldos, el Gobierno parece acumular tropiezos. Si no ajusta su estrategia, la gobernabilidad se seguirá erosionando.
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