Gobierno y empresarios chocan por cambios a la tercerización laboral en Colombia
El nuevo borrador del decreto que regula la tercerización laboral desató un debate entre el Gobierno y el gremio de empresas de servicios temporales, Acoset. Mientras el Ministerio de Trabajo defiende la propuesta como un mecanismo para garantizar derechos y combatir la intermediación ilegal, el sector empresarial advierte que podría generar fuertes impactos sobre el empleo, especialmente en temporada de fin de año.
Gobierno insiste en frenar abusos en la tercerización laboral
El decreto impulsado por el Ministerio de Trabajo, liderado por Antonio Sanguino, plantea que máximo el 10% del personal de una empresa pueda ser contratado a través de compañías de servicios temporales. También establece criterios para que los inspectores identifiquen intermediación ilegal y contempla sanciones que van desde multas hasta suspensión de actividades.
Según Sanguino, el propósito no es eliminar el empleo temporal ni afectar al sector, sino poner límites a prácticas que, según él, han sido toleradas por años y que “han violado la Ley 50 de 1990”. Asegura que la tercerización laboral debe usarse únicamente para labores excepcionales, reemplazos o picos de producción, tal como establece la normativa vigente.
Empresarios alertan riesgo sobre el empleo temporal
Desde Acoset, la lectura es contraria. El gremio advierte que el decreto podría reducir hasta en 60% el mercado de las empresas temporales y pone en riesgo 50.000 empleos directos, además de afectar la continuidad de más de 500.000 puestos estacionales. Sectores como comercio, hoteles, restaurantes e industria dependen de estos refuerzos de personal, especialmente en noviembre y diciembre, los meses con mayor contratación del año.
Contratación de temporada se mantendrá, afirma el Gobierno
El ministro Sanguino respondió que las contrataciones navideñas se mantendrán siempre que cumplan la ley. Asegura que las empresas temporales podrán seguir operando para atender picos de demanda, pero no para reemplazar puestos permanentes mediante rotaciones indebidas. Calificó esta práctica como un “fraude laboral” que afecta la estabilidad, la antigüedad y el acceso a seguridad social de miles de trabajadores.
El debate sobre la tercerización laboral continúa abierto, en medio de advertencias sobre impactos económicos y la defensa del Gobierno a una de las reformas más relevantes en los últimos 30 años.
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