El Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca emitió una sentencia clave para la comunidad. Esta decisión obliga al desmonte del centro transitorio de reclusión. Este centro funciona en las instalaciones de la antigua Institución Educativa Laura Valencia. La decisión responde a una acción popular interpuesta por ciudadanos, encabezados por Juan Carlos Rojas.
Ellos señalaron que la adecuación del colegio. Como cárcel vulneró derechos colectivos como la seguridad, salubridad, moralidad administrativa y defensa del patrimonio público y cultural.
De colegio en ruinas a cárcel improvisada
Las autoridades locales, especialmente la Secretaría de Infraestructura y la Oficina de Gestión del Riesgo de Popayán, tomaron la decisión de adecuar el espacio en 2020. El entonces alcalde Juan Carlos López Castrillón lideró esta medida como solución temporal al hacinamiento carcelario en estaciones de policía y la URI de Popayán.
En 2016, la comunidad educativa ya había reportado que el edificio de la IE Laura Valencia estaba en riesgo de colapso por fallas estructurales severas. A pesar de esa advertencia, las entidades habilitaron el sitio para alojar personas privadas de la libertad en condiciones poco dignas y sin infraestructura adecuada.
La Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal documentaron un hacinamiento superior al 150 %. Lo que afectó los derechos fundamentales de los reclusos en el lugar. El Tribunal contencioso, con ponencia del magistrado Carlos Hernando Jaramillo Delgado. Falló a favor de los demandantes y ordenó desmontar el centro transitorio en un plazo de seis meses.
El INPEC debe trasladar a los internos a centros penitenciarios donde se garanticen condiciones dignas. También debe evitar que regresen a estaciones o la URI por largo tiempo
Orden judicial con plazo y vigilancia
En caso de un retorno temporal, las autoridades deberán garantizar sus derechos fundamentales. El fallo exige conformar un comité que supervise el cumplimiento de estas disposiciones judiciales.
Este comité incluirá al alcalde, delegados de varias secretarías, el INPEC, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y los accionantes. Deberá rendir informes ante el Tribunal contencioso . La comunidad del sector ha expresado su satisfacción por la decisión. Desde 2020, habitantes y comerciantes denunciaron que el uso carcelario alteraba la seguridad y la convivencia barrial.
Con este fallo, el Tribunal contencioso protege tanto a los ciudadanos como a las personas privadas de la libertad, al exigir condiciones humanas y legales para su reclusión. Ahora, las autoridades tienen el reto de cumplir la sentencia, recuperar el inmueble para un uso social adecuado y dar respuesta estructural a la crisis carcelaria en Popayán.
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