Hablar de paz en Colombia es hablar de un sueño tantas veces anunciado como incumplido. Cada gobierno promete hacer de la paz su bandera, pero en la práctica siempre queda inconclusa, atrapada entre acuerdos parciales, incumplimientos y la incapacidad del Estado de llegar a donde más se necesita.
El Acuerdo de La Habana, firmado en 2016 entre el Estado y las FARC, fue presentado como la oportunidad histórica de acabar con más de medio siglo de guerra. Sin embargo, ese proceso nació con una herida profunda: el 2 de octubre de 2016 los colombianos dijeron NO en el plebiscito convocado para refrendarlo. Pese a ese mandato popular, el presidente Juan Manuel Santos decidió implementarlo a través del Congreso. Con ello, la paz perdió legitimidad de origen. Para millones de ciudadanos no fue un pacto nacional sino una imposición desde arriba, y esa fractura explica buena parte del rechazo y la polarización que aún hoy persisten.
Más allá de la controversia política, lo cierto es que los territorios siguen esperando la transformación prometida. El acuerdo redujo la confrontación con las FARC, pero no resolvió la raíz del conflicto: el abandono estatal. Allí donde antes mandaba la guerrilla, ahora se disputan el control disidencias, ELN, narcotraficantes y bandas criminales. Comunidades del Cauca, Nariño, Catatumbo o Arauca viven atrapadas entre amenazas, extorsiones y desplazamientos, sin que el Estado logre garantizar seguridad ni oportunidades.
La paz inconclusa de Colombia no empezó con La Habana. Antes hubo intentos fallidos con el M-19, el EPL, el Quintín Lame, las AUC y hasta con el propio ELN en distintos momentos. Algunos acuerdos dejaron avances parciales, pero ninguno resolvió el problema estructural: la incapacidad del Estado para ocupar el territorio con instituciones sólidas. En muchas regiones, la firma de la paz ha significado apenas un cambio de actores armados, nunca la llegada real de la legalidad.
Las víctimas del conflicto son quienes más han sufrido esta paz inconclusa. Se les prometió verdad, justicia y reparación, pero en muchos casos lo que han recibido es indiferencia estatal y nuevas formas de violencia. El país no puede olvidar que la paz se mide, sobre todo, en la dignidad de quienes han cargado con las consecuencias de la guerra. Sin ellas en el centro, cualquier acuerdo será insuficiente.
Otro obstáculo para la paz ha sido la polarización política. Mientras unos defienden el acuerdo como la obra maestra de la reconciliación, otros lo ven como una claudicación del Estado ante el crimen. Esta división no ha permitido construir una narrativa común de paz, sino que ha convertido el tema en una bandera electoral más. Colombia necesita superar esa lógica de trincheras y reconocer que la paz es un objetivo nacional, no partidista.
La llamada “paz total” del actual gobierno también enfrenta serios retos. Pretende dialogar con múltiples actores armados, pero mientras se negocia en Bogotá, en los campos continúan las masacres, los secuestros y la expansión del narcotráfico. La experiencia demuestra que sin presencia integral del Estado —con inversión social, vías, salud y educación— cualquier mesa de negociación corre el riesgo de quedarse en promesas incumplidas.
Tampoco podemos olvidar que la paz no depende solo del silencio de los fusiles. Requiere atacar las causas estructurales de la violencia: desigualdad, pobreza rural, falta de empleo juvenil y corrupción. Una paz que no cambie las condiciones de vida de los colombianos más golpeados por la guerra seguirá siendo frágil, vulnerable y, en últimas, inconclusa.
Los jóvenes, especialmente en zonas rurales, siguen creciendo en medio de la violencia y sin alternativas reales. La falta de oportunidades educativas y laborales los hace presa fácil de los grupos armados ilegales. Hablar de paz en Colombia sin hablar de la juventud es dejar una deuda pendiente, porque son precisamente ellos quienes pueden romper el ciclo de guerra o perpetuarlo por otra generación más.
En departamentos como Cauca y Nariño el panorama es especialmente dramático. La diversidad cultural y étnica, que debería ser riqueza, se convierte en blanco de los violentos. Los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido los principales guardianes de los territorios, pero también quienes más han sufrido asesinatos de líderes, confinamientos y amenazas constantes. La paz no puede ser un discurso centralista; debe responder a las realidades locales y reconocer la fuerza de las comunidades que resisten.
El Catatumbo y Arauca, por su parte, muestran otro rostro de la guerra inconclusa: el de los corredores estratégicos del narcotráfico y la frontera con Venezuela. Allí la violencia se alimenta no solo de las dinámicas internas, sino también de factores externos que el Estado colombiano no controla. En estas regiones, hablar de paz implica también hablar de una política internacional coherente y de cooperación transfronteriza.
No todo ha sido un fracaso. Sería injusto desconocer que miles de excombatientes se reincorporaron a la vida civil y que en varias regiones la violencia disminuyó tras la firma del acuerdo. Pero esos avances se ven opacados por la falta de continuidad, el incumplimiento de lo pactado y la incapacidad de consolidar un proyecto nacional de largo plazo. La paz en Colombia ha sido usada como trofeo político, cuando debería ser una política de Estado blindada de la polarización y la improvisación.
La comunidad internacional ha apoyado de manera constante los esfuerzos de paz en Colombia, pero también ha sido testigo de sus incumplimientos. La confianza que el país genera como ejemplo de negociación se ve opacada cuando no se cumplen los compromisos pactados. Mantener ese respaldo requiere demostrar resultados tangibles, no solo discursos en foros internacionales.
La sociedad civil también tiene un papel clave. La paz no se limita a lo que acuerden gobiernos y armados; también se construye desde las iniciativas comunitarias, las organizaciones sociales, las iglesias y los movimientos juveniles. En muchos municipios son estas expresiones ciudadanas las que han mantenido viva la esperanza, incluso cuando el Estado ha brillado por su ausencia.
La gran tarea pendiente es convertir esa paz inconclusa en una paz verdadera. Eso exige liderazgo, coherencia y decisión, pero también una ciudadanía que entienda que la paz no se decreta desde los escritorios: se construye todos los días, en la convivencia, en el respeto y en la solidaridad.
Colombia merece cerrar de una vez por todas el capítulo de la guerra. El reto es enorme, pero no imposible: requiere un Estado fuerte, comunidades organizadas y un compromiso real de todos. Porque la paz no puede seguir siendo un eslogan ni un acuerdo firmado a medias. La paz, tarde o temprano, tendrá que ser definitiva.
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