El Gobierno defiende los bombardeos en Colombia: la disputa jurídica y política detrás del DIH
El debate por los bombardeos en Colombia volvió a intensificarse en medio del clima político y social que atraviesa el país. Mientras organizaciones humanitarias alertan por el riesgo de presencia de menores reclutados en zonas de influencia guerrillera, el presidente Gustavo Petro reiteró que las operaciones aéreas se mantienen bajo los parámetros del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y no serán suspendidas.
Según el Gobierno, detener estas ofensivas permitiría el fortalecimiento de las estructuras armadas asociadas al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, especialmente en departamentos como Cauca, Nariño, Valle y zonas selváticas donde el conflicto se ha agudizado.
Una estrategia militar bajo el DIH
En un mensaje divulgado en X, el presidente Petro defendió que los bombardeos en Colombia cuentan con inteligencia previa, verificaciones de terreno y protocolos orientados a minimizar el daño a la población civil. De acuerdo con el mandatario, cada acción se basa en la obligación del DIH de distinguir entre combatientes y no combatientes, incluso en contextos donde las disidencias mezclan campamentos con civiles o menores.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, reiteró que los operativos son “legítimos, necesarios y legales” frente al crecimiento de las estructuras comandadas por alias Iván Mordisco y su avance en regiones rurales e indígenas. Para el Ejecutivo, frenar estas acciones equivaldría a dejar vía libre a organizaciones que ponen en riesgo a miles de familias.
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— Mindefensa (@mindefensa) November 15, 2025
El reclutamiento de menores y la controversia ética
Las denuncias sobre reclutamiento de menores reavivaron la polémica pública. Diversas ONG han advertido que esta realidad exige mayor cautela en cualquier operación aérea, especialmente en campamentos donde hay presencia infantil confirmada o en verificación.
Sin embargo, el Gobierno sostiene que pausar los bombardeos en Colombia generaría incentivos perversos, pues —asegura— los grupos ilegales reclutarían más menores para usarlos como escudos humanos o como estrategia para frenar la acción estatal.
Un debate que escala de cara al 2026
El tema ya llegó al Congreso, donde se preparan debates de control político y cuestionamientos a la estrategia militar. En contraste, el Ejecutivo insiste en que no habrá retrocesos en la ofensiva contra las disidencias de las Farc en departamentos estratégicos como Guaviare, Caquetá, Cauca, Nariño y zonas del Valle.
Lo cierto es que el país vuelve a dividirse entre quienes defienden los bombardeos en Colombia como herramienta clave para contener la expansión guerrillera, y quienes los consideran una práctica éticamente riesgosa en un conflicto donde persiste el reclutamiento infantil y las afectaciones a comunidades vulnerables.
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