Choque institucional por la suspensión en el caso Calarcá
La suspensión de dos altos mandos por el caso Calarcá desencadenó un choque institucional entre la Procuraduría, la Fiscalía, la Dijín y el Gobierno Nacional, que ahora se disputan responsabilidades en uno de los mayores escándalos de inteligencia del año.
Procuraduría suspensión: medidas contra Huertas y Mejía
La Procuraduría confirmó la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y de Wilmar Mejía, jefe de inteligencia del DNI, por su presunta participación en filtraciones de información clasificada a las disidencias de alias Calarcá. Según el procurador Gregorio Eljach, nuevas pruebas fortalecen el expediente disciplinario.
Eljach aseguró que las evidencias “arriman la investigación al factor probatorio de fondo” y reiteró que el proceso garantizará plenamente el derecho de defensa. Aunque inicialmente se habló de un periodo de tres meses, la entidad aclaró que la suspensión es provisional e indefinida, sin recursos, hasta que haya decisión de fondo. Estos dos casos —la suspensión del general Huertas y la suspensión de Wilmar Mejía— son ahora el eje del debate público.
Fiscalía advierte fallas en la Dijín dentro del caso Calarcá
El escándalo creció cuando la fiscal general, Luz Adriana Camargo, reveló que los computadores incautados a alias Calarcá contenían información sensible que habría vinculado a los dos funcionarios. Según la funcionaria, la Dijín detectó esos archivos sin comunicar oportunamente su contenido a la Fiscalía de Medellín, donde reposaba la investigación del caso Calarcá.
Camargo expresó que los informes “no eran pequeños ni breves”, y cuestionó que la Policía Judicial no informara de inmediato. Estos hallazgos reforzaron el cerco disciplinario y penal en uno de los episodios más delicados para la inteligencia estatal.
El Gobierno interviene y profundiza el choque institucional
El presidente Gustavo Petro manifestó que “nunca supo” del material almacenado en la Fiscalía de Antioquia, pese a que llevaba más de 16 meses en custodia. Criticó que la información se conociera primero por la prensa y no por el Ejecutivo. Sus declaraciones aumentaron la tensión entre Gobierno, Fiscalía y Dijín, evidenciando un claro choque institucional en Colombia alrededor del caso Calarcá.
Un escándalo de inteligencia que compromete la seguridad nacional
La suspensión de los dos altos mandos abre interrogantes sobre posibles filtraciones de códigos radiales, movimientos de tropas y operaciones en Antioquia, Catatumbo y sur de Bolívar. Mientras la Procuraduría avanza en el proceso disciplinario y la Fiscalía profundiza el análisis forense, el caso Calarcá se consolida como uno de los escándalos de inteligencia más graves del país.
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