Un nuevo escándalo golpea al Gobierno del presidente Gustavo Petro tras la revelación de audios de la Paz Total, que evidenciarían contactos entre emisarios oficiales y el entorno de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, señalado como uno de los mayores contrabandistas del país. Las grabaciones han desatado un fuerte debate sobre los límites de esta política y la legalidad de eventuales negociaciones.
Audios de la Paz Total revelan reuniones con emisarios del Gobierno
De acuerdo con la investigación periodística, los audios de la Paz Total (registrados a inicios de 2025) documentan reuniones entre Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), junto a otros funcionarios y asesores, con el abogado del presunto contrabandista.
Estos encuentros se habrían realizado en oficinas oficiales y tendrían como objetivo explorar una posible entrega a la justicia. En las conversaciones se mencionan ofrecimientos de beneficios judiciales, como eventuales garantías frente a la extradición, lo que ha generado cuestionamientos sobre si funcionarios del Ejecutivo estarían asumiendo roles que corresponden a jueces o fiscales.
Audios de la Paz Total ponen en el centro la política del Gobierno
El caso vuelve a poner en el foco la estrategia de la Paz Total de Petro, que busca facilitar sometimientos y negociaciones con actores ilegales. Según el presidente, las reuniones sí fueron autorizadas, pero únicamente con el propósito de lograr la entrega del implicado a la justicia.
Sin embargo, el contenido de los audios ha despertado dudas sobre si estas gestiones pudieron haber excedido los límites legales, al incluir posibles beneficios sin la participación inicial de la Fiscalía General de la Nación.
Audios de la Paz Total reavivan debate por financiación de campaña
El escándalo también revive cuestionamientos sobre un presunto aporte de $500 millones a la campaña presidencial de Petro en 2022, atribuido a alias “Papá Pitufo”. Aunque el Gobierno ha sostenido que ese dinero fue devuelto, la ausencia de pruebas públicas, como el video prometido, ha sido señalada por sectores de la oposición.
Este punto ha intensificado la controversia, al conectar los audios de la Paz Total con debates previos sobre transparencia electoral y financiación de campañas.
Reacciones políticas y presión institucional
Las reacciones no se han hecho esperar. Dirigentes de la oposición han solicitado investigaciones formales, incluyendo la designación de un fiscal ad hoc y la apertura de procesos que permitan esclarecer lo ocurrido.
Además, congresistas han advertido que este caso podría representar un golpe a la institucionalidad, mientras avanzan las indagaciones para determinar responsabilidades dentro del Gobierno Petro.
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