Human Rights Watch advirtió que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados aumentó de forma preocupante en Colombia y señaló a Cauca como el principal foco territorial del fenómeno: más de la mitad de los casos denunciados se concentra en este departamento. La organización documentó al menos 1.500 menores reclutados desde 2021 y encontró un fuerte incremento de los registros a partir de 2023.
El panorama aparece en el informe “‘Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá’: Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia”, publicado este 24 de agosto. El documento examina quiénes están siendo reclutados, las condiciones que aumentan su vulnerabilidad y las estrategias utilizadas por las estructuras armadas para acercarse a ellos.
Aunque Human Rights Watch advierte que Colombia no cuenta con datos exhaustivos que permitan establecer la dimensión total del problema, la información disponible muestra una tendencia clara: los casos han crecido con fuerza durante los últimos años y Cauca concentra una proporción especialmente alta dentro del balance nacional.
Human Rights Watch : Cauca concentra más de la mitad de los casos denunciados
El informe señala que los grupos armados disidentes surgidos después de la desmovilización de las antiguas Farc están detrás de la gran mayoría de los casos denunciados en Colombia.
Dentro de ese escenario, Cauca sobresale por encima del resto del país. Más de la mitad de los casos documentados se concentra en el departamento, una cifra que convierte al territorio en uno de los puntos más críticos de la alerta presentada por Human Rights Watch.
La situación adquiere todavía mayor dimensión al observar quiénes son las víctimas. Según la organización, los niños y niñas indígenas representan casi la mitad de todos los casos documentados, pese a que los pueblos indígenas constituyen aproximadamente el 4 % de la población colombiana.
La edad de los menores también evidencia la gravedad del fenómeno. Más del 30 % tenía entre 10 y 14 años, y Human Rights Watch advierte que el reclutamiento de menores en ese rango de edad podría constituir un crimen de guerra conforme al derecho internacional.
“Los grupos armados en Colombia están reclutando a niños, niñas y adolescentes con impunidad, los sistemas de protección están fallando”, aseguró Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Para la organización, cada nuevo caso no solamente refleja la actuación de las estructuras armadas, sino también las dificultades existentes para proteger a quienes viven en las comunidades más expuestas.
Pobreza, exclusión y falta de oportunidades aumentan el riesgo
El reclutamiento no ocurre de manera aislada. La investigación identifica una combinación de condiciones que los grupos armados aprovechan para acercarse a niños y adolescentes.
Entre ellas aparecen la pobreza, la exclusión social, la violencia dentro de los hogares y las barreras para acceder o permanecer en el sistema educativo. En estos escenarios, las estructuras ofrecen dinero, poder o una aparente posibilidad de reconocimiento y pertenencia.
Human Rights Watch señala que algunos menores también son captados mediante intermediarios civiles y que existen casos en los que el acercamiento se ha producido incluso en escuelas rurales y residencias escolares.
Después del reclutamiento, algunos son trasladados a otras regiones para alejarlos de sus familias y comunidades, debilitar sus redes de apoyo y dificultar una posible salida del grupo armado.
El informe describe menores utilizados como mensajeros, para obtener información, prestar atención médica, vigilar personas retenidas o participar en otras actividades de las estructuras. En otros casos reciben entrenamiento militar. Las niñas, además, enfrentan un riesgo particular de violencia sexual.
Las redes sociales también entraron en las estrategias de reclutamiento
A las formas tradicionales de captación se suma ahora el entorno digital. Human Rights Watch identificó más de 70 cuentas y 40 publicaciones en Facebook y TikTok que glorificaban la pertenencia a grupos armados o invitaban a usuarios a vincularse.
El informe advierte que algunas publicaciones utilizan promesas de dinero, prestigio o falsas oportunidades laborales para llamar la atención de menores y que, en determinados casos, los algoritmos de las plataformas parecían ampliar el alcance de esos contenidos.
La organización trasladó estos hallazgos a Meta y ByteDance, responsables de Facebook y TikTok, que informaron haber eliminado perfiles señalados por contener material explícitamente relacionado con grupos armados y ofertas de reclutamiento.
El uso de redes sociales para reclutar menores constituye uno de los componentes que Human Rights Watch considera necesario atender frente a las nuevas formas de captación utilizadas por estas estructuras.
Human Rights Watch también cuestiona la respuesta del Estado
El informe no concentra sus críticas únicamente en los grupos armados. Human Rights Watch sostiene que las políticas creadas para prevenir el reclutamiento, proteger a los menores y garantizar la recuperación de quienes logran desvincularse presentan graves deficiencias.
La organización cuestiona, entre otros aspectos, que la política pública aprobada en 2018 se encuentre desactualizada, no tenga un plan de acción suficientemente claro y carezca de un presupuesto específico para enfrentar la magnitud actual del problema. También señala limitaciones institucionales y presupuestales en departamentos y municipios.
Las dificultades también llegan al sistema judicial: de acuerdo con el informe, durante la última década aproximadamente el 1 % de las denuncias por reclutamiento derivó en una investigación penal y apenas el 0,2 % terminó en una condena.
Estas cifras forman parte de la denuncia de Human Rights Watch sobre las fallas de la respuesta estatal frente al reclutamiento infantil, un problema que, para la organización, requiere fortalecer tanto la prevención en los territorios como la capacidad de investigar y sancionar a los responsables.
La alerta adquiere una dimensión particular para Cauca. Mientras el país enfrenta un crecimiento del reclutamiento desde 2023, más de la mitad de los casos denunciados está concentrada en un solo departamento, donde además las comunidades indígenas aparecen entre las más afectadas.
Para Juanita Goebertus, la respuesta no puede limitarse a la presencia de la Fuerza Pública. “Los niños y niñas en riesgo de ser reclutados necesitan oportunidades para estudiar y construir un proyecto de vida”, concluyó la directora para las Américas de Human Rights Watch.
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