Human Rights Watch cuestionó la capacidad del Estado colombiano para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, proteger a quienes están en riesgo y garantizar justicia para las víctimas. La organización encontró que, pese al crecimiento de los casos durante los últimos años, aproximadamente solo el 1 % de las denuncias de la última década dio lugar a una investigación penal y apenas el 0,2 % terminó en una condena.
Las conclusiones hacen parte del informe “‘Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá’: Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia”, publicado este 24 de agosto. El documento no solo examina las estrategias utilizadas por las estructuras armadas, sino también las dificultades de las instituciones encargadas de impedir que los menores sean reclutados y acompañarlos cuando logran salir de estos grupos.
“Los grupos armados en Colombia están reclutando a niños, niñas y adolescentes con impunidad, los sistemas de protección están fallando”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. Para la organización, “cada niño reclutado es una muestra del fracaso del Estado”.
Solo el 0,2 % de las denuncias terminó en condena
Uno de los principales cuestionamientos de Human Rights Watch recae sobre la respuesta judicial.
Según el informe, durante la última década aproximadamente el 1 % de las denuncias por reclutamiento terminó en una investigación penal. El porcentaje se reduce todavía más al revisar las condenas: solo el 0,2 % de los casos denunciados produjo una sentencia condenatoria.
La organización advierte, además, que esas condenas corresponden principalmente a autores materiales y no a los máximos responsables de las estructuras que reclutan y utilizan menores.
El dato adquiere mayor relevancia frente al crecimiento del fenómeno. Human Rights Watch señaló que al menos 1.500 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados desde 2021, mientras las cifras oficiales disponibles muestran un fuerte aumento de los casos desde 2023.
Una política de 2018 que Human Rights Watch considera desactualizada
Las fallas identificadas no se limitan al sistema judicial. El informe también cuestiona las herramientas creadas para prevenir el reclutamiento.
La Política Pública de Prevención del Reclutamiento, Utilización, Uso y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados, aprobada en 2018, es considerada por Human Rights Watch como desactualizada.
De acuerdo con la organización, esa política carece de un plan de acción claro y de un presupuesto específico, dos limitaciones que dificultan responder a un fenómeno que ha cambiado tanto en su dimensión como en sus mecanismos de captación.
La investigación también pone la atención sobre la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), organismo encargado de coordinar la respuesta gubernamental.
Human Rights Watch sostiene que la comisión no cuenta con la capacidad de ejecución ni con los recursos suficientes para implementar la política de prevención a nivel local. Otras iniciativas gubernamentales, agrega el informe, tienen un alcance limitado frente a la magnitud actual del problema.
Municipios y departamentos enfrentan limitaciones para proteger a los menores
El problema se hace especialmente visible en los territorios. Según Human Rights Watch, autoridades departamentales y municipales enfrentan restricciones presupuestales y de capacidad que terminan dejando a numerosos niños y adolescentes sin una protección adecuada.
Estas dificultades cobran especial importancia en departamentos donde el reclutamiento tiene una mayor concentración. El mismo informe establece que más de la mitad de los casos denunciados se concentra en Cauca, mientras los menores indígenas representan casi la mitad de las víctimas documentadas a nivel nacional.
Ante las debilidades institucionales, organizaciones comunitarias han terminado asumiendo funciones fundamentales. Human Rights Watch destaca particularmente el trabajo de las guardias indígenas, que han participado en la protección y el rescate de menores vinculados a grupos armados.
Esa labor también tiene consecuencias para quienes la desarrollan. La organización señala que integrantes de estas estructuras comunitarias han sido expuestos a graves riesgos y algunos han sido asesinados en represalia por su trabajo.
Menores reciben un tratamiento diferente según quién los reclute
Human Rights Watch también identificó problemas en los procesos de recuperación y reintegración de los niños y adolescentes que logran desvincularse.
Según el informe, la respuesta estatal no se ha adaptado a las nuevas realidades de la violencia en Colombia y puede generar tratamientos diferentes dependiendo del grupo responsable del reclutamiento.
Los menores reclutados por organizaciones consideradas parte del conflicto armado pueden ingresar a un programa especializado y acceder a reparaciones. En cambio, quienes fueron utilizados por grupos delictivos organizados que no son considerados parte del conflicto pueden enfrentar un escenario distinto: ser procesados penalmente o remitidos a un programa general dirigido a menores víctimas de distintas formas de abuso.
Para Human Rights Watch, esta diferencia evidencia una respuesta institucional que no siempre coloca en el centro la condición de víctima del menor.
Human Rights Watch pide una nueva estrategia al Gobierno
Frente a estas deficiencias, la organización dirigió una serie de recomendaciones al gobierno entrante del presidente Abelardo de la Espriella.
Human Rights Watch pidió adoptar una política integral de seguridad y justicia que permita responder al reclutamiento infantil y garantizar que las instituciones responsables, especialmente en los municipios, cuenten con suficiente personal y recursos.
También planteó fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones indígenas y líderes comunitarios que actualmente desempeñan labores de protección en los territorios.
La organización sostiene que enfrentar el problema requiere una respuesta que trascienda las operaciones de seguridad.
“Para detener el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes se necesitará bastante más que soldados en terreno”, afirmó Goebertus. “Los niños y niñas en riesgo de ser reclutados necesitan oportunidades para estudiar y construir un proyecto de vida”.
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