Chiquita Brands llegó a un acuerdo histórico para indemnizar a 2,572 víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), luego de hallarla responsable por financiar actividades paramilitares en Colombia durante los años 90 y principios de los 2000.
El acuerdo, negociado por el abogado Paul Wolf, establece una compensación total de 12.8 millones de dólares estadounidenses.
Chiquita Brandas culpable civilmente
El fallo emitido por un jurado de Miami, que declaró a Chiquita Brands culpable civilmente, ha permitido que estas víctimas, divididas en dos categorías, reciban compensaciones monetarias por las pérdidas sufridas debido a las acciones de los paramilitares en el Urabá antioqueño y Córdoba.
Catorce millones de pesos recibirán familiares de los fallecidos
Según los términos del acuerdo, las familias de aquellos asesinados entre 1997 y 2004 recibirán aproximadamente 3,400 dólares cada una, que equivale a cerca de 14 millones de pesos colombianos. Esta suma se distribuirá entre los representantes de los fallecidos y sus herederos.
En una segunda categoría, las personas cuyos casos son más difíciles de probar en relación con las AUC o cuyas pérdidas ocurrieron fuera del periodo mencionado, recibirán alrededor de 1,327 dólares, aproximadamente 5,425,000 pesos colombianos. Este grupo incluye a víctimas al parecer de las FARC.
El acuerdo también especifica que, en caso de que alguna víctima no reclame su compensación, los fondos no reclamados se destinarán a la construcción de una escuela u hospital en Apartadó, Colombia.
Sin embargo, el acuerdo no está exento de controversia. Abogados críticos como Victoria Mesa-Estrada han cuestionado la adecuación de las compensaciones ofrecidas, señalando que los honorarios de Paul Wolf, fijados en 4.2 millones de dólares, podrían desproporcionadamente altos en comparación con las sumas otorgadas a las víctimas directas.
A pesar de las críticas, este acuerdo representa un paso significativo hacia la reparación y la justicia para las víctimas del conflicto armado en Colombia, marcando un precedente en la responsabilidad corporativa frente a violaciones de derechos humanos.
