La Justicia Penal Militar y Policial ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un teniente coronel del Ejército Nacional, investigado por los delitos de concusión y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.
El oficial, quien ejercía funciones como comandante en el Batallón de Ingenieros Militares N.º 23 General Agustín Angarita, ubicado en Ipiales (Nariño), habría exigido pagos ilegales a sus subalternos a cambio de facilitar la expedición de libretas militares.
Según el comunicado oficial emitido el pasado 8 de mayo, los hechos ocurrieron en enero de este año y afectaron a al menos 30 soldados, quienes entregaron dinero al uniformado para suplir ausencias en el material de intendencia de la unidad, condición impuesta para poder obtener sus documentos de baja militar.
La Fiscal 2208 de Conocimiento Especializado de la Justicia Penal Militar argumentó ante la Juez 1716 de Control de Garantías la gravedad del caso, solicitando la privación de la libertad por los indicios de abuso sistemático de autoridad y aprovechamiento del cargo para beneficio económico propio.
Medida de aseguramiento
La medida de aseguramiento también se da en el marco de una línea de investigación anticorrupción dentro de las Fuerzas Militares, que ha priorizado casos de alto impacto.
En el pronunciamiento oficial, la Fiscalía Militar detalló que el teniente coronel habría convertido las carencias logísticas de la unidad en una excusa para imponer cobros indebidos a los soldados, afectando no solo la transparencia institucional sino también el bienestar del personal bajo su mando.
Situación recurrente en el mismo batallón
Este no es el único caso reciente en esta línea investigativa. A principios de marzo, otro comandante del mismo batallón fue capturado por hechos similares y también se encuentra recluido mientras avanza el proceso judicial.
Además, un caso paralelo involucra a un mayor del Ejército Nacional, capturado por presuntos actos de corrupción en Cimitarra (Santander), donde, al parecer, cobraba entre $800.000 y $1.000.000 a sus subalternos por permisos personales no autorizados.
El oficial lo presentarán ante un juez penal militar para legalizar su captura y formular cargos por concusión en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la lucha contra la corrupción al interior de la Fuerza Pública y aseguraron que estos procesos seguirán siendo priorizados para garantizar la integridad institucional.
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