La línea roja del Estado: así intenta Defensa contener el impacto del escándalo Calarcá
El escándalo Calarcá puso en alerta máxima al Gobierno Nacional y obligó al Ministerio de Defensa a reaccionar con firmeza para intentar contener el impacto político e institucional. Tras las revelaciones de Noticias Caracol sobre presuntos contactos irregulares entre funcionarios del Estado y alias Calarcá, uno de los jefes más visibles del Estado Mayor Central, el ministro Pedro Sánchez trazó una directriz categórica: ningún vínculo con estructuras criminales será tolerado dentro de la Fuerza Pública.
Esta respuesta se convierte en un hito dentro del debate sobre la Ley 2272 de Paz Total, hoy cuestionada por sectores que consideran que su implementación abrió espacios de ambigüedad.
Investigación interna para medir el alcance del escándalo Calarcá
El ministro Sánchez recalcó que, aunque alias Calarcá mantiene suspendida su orden de captura bajo los parámetros de la Paz Total, esta figura no significa un permiso para delinquir. Enfatizó que cualquier persona que incurra en delitos deberá ser detenida de inmediato, incluso si hace parte de ese proceso jurídico especial.
Ante la magnitud del escándalo Calarcá, el Ministerio de Defensa ordenó una investigación interna “rigurosa y exhaustiva” para verificar si existieron contactos irregulares entre uniformados, funcionarios del Estado y el jefe disidente. El Gobierno confirmó que todo el material incautado —cerca de un centenar de dispositivos electrónicos, archivos y documentos— ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, que analiza posibles responsabilidades penales y disciplinarias.
Cooperación total con Fiscalía y control a la inteligencia del Estado
Sánchez sostuvo que el Ministerio activó todos los mecanismos internos de control y que la colaboración con la Fiscalía será absoluta. “Ningún funcionario que se aparte del deber constitucional quedará por fuera del escrutinio”, afirmó.
Los archivos atribuidos a Calarcá mencionan a figuras como el general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, señalados en supuestas comunicaciones con disidentes. Estas menciones vuelven a poner sobre la mesa la crisis en Inteligencia del Estado, un tema sensible que ha despertado preocupación internacional.
La Paz Total bajo presión en medio del escándalo Calarcá
El ministro reiteró que la Ley 2272 no es un salvoconducto para que estructuras armadas ilegales consoliden redes criminales bajo la cobertura de espacios de diálogo. En su mensaje, subrayó que la Paz Total exige “legalidad, transparencia y lealtad constitucional”, pilares que hoy se ven presionados por la infiltración y la corrupción que revelan los archivos.
La respuesta oficial busca frenar el daño institucional y reafirmar que el Estado no permitirá que el escándalo Calarcá debilite la confianza pública en la seguridad y en el sistema de inteligencia nacional.
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