Glifosato: el Gobierno Nacional debe sentarse con las comunidades movilizadas
El Gobierno Nacional —y en particular los liderazgos del Pacto Histórico en el Cauca— deben asumir de manera inmediata, responsable y directa los planteamientos de la “Movilización y Resistencia del Sur del Cauca – en contra de la fumigación con glifosato” a realizarse este viernes 30 de enero. No es una opción política: es una obligación ética y coherente con un proyecto de gobierno que ha hecho del diálogo social su principal bandera discursiva. Aquí, claramente, se les apagaron las luces.
Glifosato en el Cauca: notificación sin diálogo
El Gobierno NOTIFICÓ —sí, notificó, porque no fue una consulta ni un proceso de concertación, sino una orden administrativa de obligatorio cumplimiento— que iniciará la aspersión terrestre con glifosato mediante drones en 17 municipios del Cauca. Los alcaldes recibieron la comunicación formal y, como gesto institucional, un número telefónico “para cualquier duda”. No hubo mesas previas, no hubo diálogo territorial, no hubo construcción colectiva. Hubo instrucción.
Conviene recordar el contexto jurídico: en Colombia no existe una prohibicióntotal del glifosato. Desde 2015 se suspendió la aspersión aérea por recomendación de la OMS, decisión formalizada por la Corte Constitucional en 2017 mediante la Sentencia T-236, bajo estrictas condiciones de consulta previa, participación comunitaria y demostración de no daño ambiental y sanitario. Lo que hoy se reactiva es la fumigación terrestre a través del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato (PECAT), una de las pocas figuras aún habilitadas legalmente para el uso de este químico. Una década después —y en un gobierno de izquierda— el glifosato vuelve.
Según explicó el Ministro de Justicia, Andrés Idárraga, los drones operarían a una altura máxima de 1,5 metros sobre el cultivo, lo que, según el Gobierno, permitiría focalizar el químico exclusivamente sobre la hoja de coca y reducir su dispersión. El cálculo oficial estima la erradicación de una hectárea en aproximadamente 30 minutos.
Violencia en el Cauca y estrategia del Gobierno Nacional
Es claro que esta decisión se inscribe en una estrategia de golpe directo a las fuentes de financiación de los grupos armados. Y ese objetivo no es menor. La violencia en el Cauca no es un discurso abstracto, es letal, basta ver lo queocurre hoy, 29 de enero 2026, en El Plateado, Argelia, para entender la gravedad del escenario.
Pero aquí emerge la contradicción política: los sectores campesinos y cocaleros que se van a movilizar mañana son los mismos que respaldaron electoralmente al presidente Gustavo Petro y a figuras reconocidas del Pacto Histórico (incluso que hoy están en campaña electoral). Son bases sociales del proyecto político que hoy gobierna. No son actores externos ni enemigos ideológicos. Son parte del mismo bloque social que llevó al poder al actual Gobierno.
Y hoy son ellos quienes levantan la voz. Por eso el error no es solo operativo: es político.
Más aún cuando, en diciembre de 2025, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que la fumigación se aplicaría en territorios donde los grupos armados ilegales INSTRUMENTALIZAN a las comunidades, y que esta estrategia se complementaría con fortalecimiento del pie de fuerza, tecnología militar e inteligencia estratégica. Pero hasta ahora, lo único visible es el glifosato. No la presencia integral del Estado a nivel nacional y menos el diálogo.
Alcaldes, gobernadores y crisis institucional
Lo más grave es la irresponsabilidad institucional del diseño: son los alcaldes y gobernadores quienes terminan enfrentando las consecuencias de una decisión tomada desde el nivel central, sin capacidad real de control, contención ni gestión de crisis, y con presupuestos limitados para responder a escenarios de movilización social, protesta, confrontación y alteración del orden público.
Las comunidades campesinas denuncian —como lo han hecho históricamente— afectaciones a la salud, daños a cultivos lícitos y contaminación de fuentes hídricas. Pero además denuncian algo más profundo: que el glifosato no ataca las causas estructurales de la pobreza rural, ni desmonta las economías ilegales, ni construye alternativas reales de vida digna.
El Gobierno Nacional y los líderes del Pacto Histórico deben sentarse con las comunidades movilizadas, desde ya, deberían estar haciendo el plan de contingencia, resolución y atención de esta situación, los esperamos ver sentados mañana en mesa de negociación, no a imponer, no a notificar; sino a dialogar, concertar y construir salidas integrales.
Zonas de aspersión:
- El Tambo – 3.468 hectáreas
- Piamonte – 1.167 hectáreasArgelia – 960 hectáreas
- Timbiquí – 907 hectáreas
- López de Micay – 867 hectáreas
- Guapi – 257 hectáreas
- Balboa – 224 hectáreas
- Patía – 204 hectáreas
- Morales – 155 hectáreas
- Suárez – 140 hectáreas
- Mercaderes – 95 hectáreas
- Cajibío – 69 hectáreas
- Bolívar – 49 hectáreas
- Buenos Aires – 27 hectáreas
- Corinto – 27 hectáreas
- Caloto – 16 hectáreas
- Sucre – 16 hectáreas
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