La tensión vuelve al suroriente del país. El Bloque Amazonas, una facción disidente de las FARC comandada por alias ‘Iván Mordisco’, anunció un paro armado de cinco días en el departamento del Guaviare, desde las 00:00 horas del 16 de junio hasta las 00:00 del 21 de junio.
La declaración, difundida en redes sociales, advierte sobre la restricción total a la movilidad de personas, vehículos y actividades comerciales, una práctica habitual en este tipo de acciones armadas, que suelen estar acompañadas de amenazas, agresiones y control territorial violento.
Enfrentamiento entre disidencias
Así mismo, este anuncio ocurre en medio de una disputa armada entre el Bloque Amazonas y las estructuras de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, quien integra el Estado Mayor de Bloques (EMC), grupo que actualmente negocia la paz con el Gobierno.
Según el comunicado del Bloque Amazonas, el paro es una respuesta a la “falta de acción” del Gobierno Nacional. Además, a una supuesta alianza entre tropas del Ejército y la Policía con las estructuras de alias ‘Calarcá’.
También acusan a esa facción rival de cometer asesinatos, extorsiones y robos para expandir su control territorial.
Orden terminante al ejército. No se permite paros armados en la cuna de la civilización de la humanidad.
Que los ignorantes brutos por la codicia se derroten. Le exijo a Iván Mordisco, abandonar su suborsinación a la Junta del Narcotrádico de Dubai; sino será procesado… https://t.co/X9TS6ACmRL
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2025
Reacción del Gobierno
Además, el presidente Gustavo Petro respondió de inmediato al anuncio, negando cualquier posibilidad de que se impongan estos paros mediante la fuerza armada.
“Orden terminante al Ejército. No se permite paros armados en la cuna de la civilización de la humanidad”, expresó el mandatario a través de su cuenta de X.
Seguridad en máxima alerta
El departamento del Guaviare, de difícil acceso y con presencia histórica de grupos armados ilegales, se encuentra en alerta máxima, mientras las autoridades evalúan las medidas necesarias para garantizar la movilidad, la seguridad de la población civil y evitar que se consoliden los planes de control territorial de las disidencias.
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