El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ordenó el cierre temporal de Cayo Acuario, conocido mundialmente como acuario San Andrés, tras confirmar un grave deterioro ecológico causado por el turismo masivo. La medida busca evitar que los ecosistemas de la Reserva de Biósfera Seaflower lleguen a un punto de no retorno.
Justicia interviene para frenar el daño
El fallo, resultado de una acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, dispuso la suspensión inmediata de visitas al acuario San Andrés y la aplicación de restricciones periódicas en Haines Cay. Con ello, se pretende salvaguardar derechos colectivos como el acceso a un ambiente sano y la preservación del equilibrio ecológico en el Caribe colombiano.
En ejercicio de su función misional de proteger los derechos colectivos, la @PGN_COL logró que el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina adoptara medidas urgentes para proteger ecosistemas marinos de Cayo Acuario https://t.co/c1L8ES6f15 pic.twitter.com/ahlGGGTDlQ
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) August 23, 2025
La decisión también exige desmontar estructuras fijas, reubicar actividades comerciales y realizar estudios técnicos que definan nuevas condiciones de sostenibilidad en estas áreas de alto valor ambiental.
Turismo desbordado y ecosistemas en riesgo
Las autoridades ambientales advirtieron que la actividad turística en Rose Cay se ha desarrollado sin la infraestructura mínima para garantizar sostenibilidad. Embarcaciones sin control, establecimientos sin servicios básicos y la descarga de aguas residuales han acelerado la erosión y contaminación del ecosistema marino, lo que afecta directamente a la reserva natural San Andrés.
La Procuraduría señaló que el panorama representa una “alta inestabilidad ambiental”, lo que obligó a aplicar el principio de precaución y cerrar el acceso antes de que la situación se tornara irreversible.
Seaflower en alerta roja
El fallo se da en medio de hallazgos recientes sobre prácticas ilegales, como el cebado de tiburones y mantarrayas descubierto el 14 de julio, que alteran el comportamiento natural de las especies y ponen en riesgo tanto a los turistas como a la cadena alimentaria marina.
Los responsables fueron capturados y enfrentan procesos judiciales bajo la Ley 2111 de 2021, que contempla sanciones de hasta 135 meses de prisión y multas superiores a 43.000 salarios mínimos.
La Reserva de Biósfera Seaflower, reconocida por la Unesco, enfrenta así uno de sus mayores desafíos de conservación. El fallo del Tribunal se convierte en un precedente histórico que pone la protección ambiental por encima de la explotación turística en San Andrés, enviando un mensaje claro sobre la urgencia de cuidar el acuario San Andrés para las futuras generaciones.
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