La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió sobre una grave crisis humanitaria. En el Bajo Calima, zona rural del Distrito de Buenaventura. Esta situación ocurre por los enfrentamientos armados entre el ELN y las disidencias de las FARC al mando de “Mordisco”. Según explicó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Familias desplazadas y comunidades confinadas
La Defensoría del Pueblo confirmó que 46 familias de la comunidad La Esperanza se desplazaron forzosamente hacia la vereda La Colonia y el casco urbano de Buenaventura. Estas familias decidieron abandonar su territorio como medida de protección ante los combates que estallaron en la zona.
Por otro lado, 247 familias de cinco comunidades permanecen confinadas y enfrentan un alto riesgo de desplazamiento. La presencia constante de los grupos armados ilegales restringe la movilidad, limita el acceso a alimentos y servicios básicos y aumenta el temor entre los habitantes. Esta realidad afecta principalmente a niños, mujeres y adultos mayores. La Defensoría explicó que se mantiene en contacto con las comunidades para brindar orientación y apoyo inmediato.
Hemos evidenciado el desplazamiento de 46 familias de la comunidad La Esperanza, en el Bajo Calima, hacia la vereda La Colonia y al casco urbano del Distrito de Buenaventura. Además, 247 familias de cinco comunidades están confinadas y en riesgo de desplazamiento. Esta grave…
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) April 17, 2025
Grave vulneración al Derecho Internacional Humanitario
La institución recordó que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe expresamente el desplazamiento forzado y obliga a los actores armados a proteger a la población civil.
También indicó que deben garantizar la integridad física y psicológica de las comunidades. La Defensoría exigió a los grupos armados respetar las normas del DIH, especialmente los principios de distinción y protección de la población civil. Y cesar de manera inmediata los enfrentamientos en zonas habitadas.
La Defensoría del Pueblo aseguró que mantiene presencia activa en el Bajo Calima. Para acompañar a las comunidades afectadas y activar las rutas institucionales de atención y protección a las personas desplazadas. Los equipos en terreno dialogan con líderes comunitarios, recogen testimonios y coordinan con entidades estatales para garantizar la respuesta humanitaria.
Esta situación, que se intensificó durante el Jueves Santo, refleja el avance del conflicto armado en esta región del Valle del Cauca. Las autoridades deben actuar con urgencia para frenar la violencia, proteger los derechos humanos y garantizar condiciones de seguridad a las familias que aún permanecen bajo amenaza directa.
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