Autoridades ocuparon predios por extinción de dominio tras denuncias de la comunidad
Un matadero clandestino que operaba en una vieja casa del sector de Usme, al sur de Bogotá, fue desmantelado por las autoridades. El inmueble, en apariencia abandonado, era usado como punto de sacrificio ilegal de reses bajo el control de la banda delincuencial “Los Pelones”, desarticulada parcialmente en 2022 pero aún activa en las sombras.
Sacrificio ilegal de animales sin control sanitario
Según la investigación de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, el matadero clandestino recibía ganado robado en municipios de Cundinamarca como
- Une
- Chipaque
- Ubaque
- Cáqueza
Allí eran sacrificados sin ningún tipo de control sanitario, y su carne era distribuida de forma ilegal en diferentes sectores de Bogotá, afectando gravemente la salud pública y la seguridad alimentaria.
Las operaciones clandestinas continuaron a pesar de los golpes judiciales a la organización en años anteriores. La comunidad, preocupada por olores, movimientos sospechosos y denuncias sobre carne sin certificación, alertó a las autoridades a través de la línea 123.
Golpe económico a estructuras criminales
El operativo permitió la ocupación del inmueble en Usme y otros bienes vinculados a la banda: dos predios rurales en Viotá y Tocaima (Cundinamarca), además de un establecimiento comercial en Bogotá. En total, los bienes ocupados, ahora en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), están avaluados en más de $4.350 millones.
Uno de estos bienes también estaba relacionado con una red de microtráfico desarticulada en 2023, que involucraba la participación de menores de edad para distribuir drogas.
Extinción de dominio y participación ciudadana
Las autoridades resaltaron el rol de la comunidad en la identificación del matadero clandestino. Gracias a su colaboración, se logró evidenciar cómo estructuras criminales mantienen sus economías ilegales incluso tras capturas.
“La lucha contra la economía criminal es integral. No se trata solo de capturas, sino de cortar el flujo de dinero ilícito que sostiene estas organizaciones”, señaló un vocero de la Fiscalía.
Este caso demuestra la importancia de una ciudadanía vigilante y una institucionalidad activa en la lucha contra delitos que afectan la salud, el orden público y el patrimonio del Estado.
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