viernes, 31 julio 2026

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    Extradición Mocho Olmedo suspendida por decisión presidencial

    Decisión presidencial frena entrega a EE. UU. para mantener negociaciones con el Frente 33

    El presidente Gustavo Petro suspendió la extradición de Mocho Olmedo, cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, en el marco del proceso de paz que adelanta el Gobierno con ese grupo armado ilegal. La medida ha generado polémica. Ya que, se toma pese a que la Corte Suprema ya había avalado su entrega a Estados Unidos por narcotráfico.

    Alias Mocho Olmedo, cuyo nombre real es Willington Henao Gutiérrez, es considerado uno de los negociadores clave en la Mesa de Diálogos con el Estado, dentro de la estrategia de Paz Total. La suspensión de su extradición quedó registrada en la resolución 186 del 26 de junio de 2025, donde se señala que su envío a EE. UU.

    “podría afectar el desarrollo de los procesos con el Frente 33 del Estado Mayor Bloque Magdalena Medio”.

     

    Corte Suprema ya había aprobado la extradición

    El 28 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable a la solicitud del Gobierno de Estados Unidos. Lo requirieron por el proceso penal 23-20070-CR-MORENO/GOODMAN, ante la Corte del Distrito Sur de Florida. Sin embargo, el presidente Petro decidió frenar la extradición de Mocho Olmedo con base en su papel dentro de las conversaciones de paz.

    La medida ha sido duramente cuestionada, ya que Henao tiene un prontuario criminal amplio: se le atribuyen al menos cuatro feminicidios, 43 homicidios, amenazas y concierto para delinquir. Además, permaneció 55 días bajo custodia secreta de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en Bogotá, sin que se informara a la Fiscalía, lo cual ha generado críticas por posible obstrucción de justicia.

     

    Condiciones para evitar la extradición

    Según la resolución firmada por Petro, la suspensión de la extradición de Mocho Olmedo solo se mantendrá si el cabecilla aporta resultados concretos y verificables en la Mesa de Diálogos. Si incumple o es excluido del proceso, la entrega a EE. UU. deberá reactivarse.

    Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate entre los compromisos internacionales de Colombia en materia de justicia y la estrategia del Gobierno de priorizar los diálogos con grupos armados ilegales. Algunos sectores políticos respaldan la medida como un paso hacia la paz. Otros en cambio, alertan sobre el riesgo de impunidad frente a crímenes graves cometidos en Colombia.

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    Estefany Arana
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