Durante el consejo de ministros realizado la noche del martes 17 de junio, el presidente Gustavo Petro anunció que iniciará acciones legales contra el registrador nacional, Hernán Penagos. Esto,por negarse a convocar la consulta popular que él decretó.
Según el mandatario, el registrador se extralimitó al condicionar el inicio del proceso a un pronunciamiento de las altas cortes.
“El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo. Está en una situación de sedición contra el presidente de la República y quiero las acciones jurídicas, eso no se hace”, afirmó Petro frente a su gabinete.
Total apoyo al señor Registrador Nacional del Estado Civil Hernán Penagos en la decisión responsable y en derecho que ha tomado de no convocar una Consulta Popular en 53 días por presión indebida de Petro. Le corresponde además a las Altas Cortes, Consejo de Estado y Corte… pic.twitter.com/KaBqnlFsJ4
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 17, 2025
Consulta, en medio del limbo legal
Horas antes, Penagos explicó en rueda de prensa que no activaría el mecanismo de participación ciudadana.
Estohasta que la Corte Constitucional y demás tribunales competentes resolvieran las múltiples demandas presentadas contra el decreto.
En total, según el registrador, existen 10 acciones de nulidad simple, 34 por inconstitucionalidad y 97 tutelas contra la convocatoria presidencial.
Penagos defendió su decisión asegurando que está en juego el principio de separación de poderes y que corresponde a los jueces definir si el decreto puede o no ejecutarse.
“Cuando existen controversias jurídicas entre dos ramas, deben ser los jueces quienes tomen la decisión que corresponda”, declaró el registrador, agregando que la Registraduría no cuenta con los tiempos ni condiciones claras para adelantar una jornada electoral en estas circunstancias.
Para el jefe de Estado, sin embargo, el decreto que firmó goza de presunción de legalidad y debe cumplirse sin dilaciones.
Es inaudito que Gustavo Petro acuse de “sedición” al registrador Hernán Penagos por cumplir con su deber institucional: someter a revisión de las altas cortes la legalidad de una consulta popular que ya fue rechazada por el Senado de la República. Lo que realmente es sedicioso es… pic.twitter.com/NWewwkykVy
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) June 18, 2025
“Todo funcionario cumple el decreto y la ley”, aseveró Petro. Asegurando que la Registraduría está actuando como un actor político y no técnico.
En su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), el presidente reiteró su postura:
“El decreto que he firmado (…) goza de presunción de legalidad, y es obligatoria su aplicación, lo demás es sedición”.
Además, hizo un llamado a los “abogados democráticos”. Con el fin de iniciar acciones legales contra lo que considera un intento de golpe institucional.
Una decisión sujeta al trámite de la reforma laboral
Petro también dejó abierta la posibilidad de retirar la consulta, dependiendo del avance legislativo de la reforma laboral, aprobada ese mismo martes en la plenaria del Senado y que ahora deberá ser conciliada con la Cámara de Representantes.
“De pronto me pronuncio yo primero. Todo depende del debate en el Senado y el Congreso. Nosotros no retrocedemos en nuestra misión de defender el derecho de los y las trabajadoras”, sostuvo.
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