El Tribunal de Cundinamarca admitió una demanda contra la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Por la transmisión abierta de los Consejos de Ministros. El demandante, Samuel Alejandro Ortiz Mancipe. Sostiene que esta práctica vulnera la Ley 63 de 1923, que establece que las reuniones del gabinete presidencial deben ser reservadas. En su acción legal, Ortiz solicita que. El presidente Gustavo Petro y el Dapre dejen de emitir públicamente estos encuentros y respeten la normativa vigente.
La demanda y sus argumentos
Samuel Alejandro Ortiz presentó la demanda argumentando que la divulgación pública de las deliberaciones ministeriales podría afectar la confidencialidad de los debates y, por ende.,Llimitar la libertad de expresión de los funcionarios durante las reuniones. Según el demandante, la divulgación compromete la naturaleza confidencial de los debates. Un aspecto clave para el correcto funcionamiento del Ejecutivo. Además, considera que mantener la reserva en estas sesiones es fundamental para garantizar una toma de decisiones efectiva y sin presiones externas.
El Tribunal de Cundinamarca, tras revisar la demanda. Determinó que esta cumplía con los requisitos establecidos por la Ley 393 de 1997, por lo que la admitió oficialmente. El tribunal notificó a la Presidencia y al Dapre sobre el inicio del proceso judicial. Las entidades demandadas tendrán que presentar pruebas y antecedentes administrativos relacionados con el caso en los próximos días. Cabe destacar que esta decisión no implica un fallo definitivo sobre el asunto. De momento, el tribunal solo ha dado luz verde al proceso judicial.
El debate político y legal
La decisión del tribunal ha generado un fuerte debate en el país. El Gobierno defiende la transmisión de los Consejos de Ministros, argumentando que refuerza la transparencia y el acceso a la información pública. Sin embargo, varios sectores políticos y legales critican la medida, advirtiendo que podría violar la Ley 63 de 1923. La senadora María Fernanda Cabal, por ejemplo. Ha calificado la medida de un “show televisado” que pone en riesgo la confidencialidad de los debates internos del Gobierno.
Me complace comunicarle al país que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, admitió nuestra demanda contra el Departamento Administrativo de Presidencia para que no se siga violando la Ley 63 de 1923 con la transmisión de los Consejos de… pic.twitter.com/DN3xIgEf5S
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 13, 2025
Además de la demanda de Ortiz, la senadora María Fernanda Cabal presentó una acción similar ante el mismo tribunal de Cundinamarca. La cual ha sido aceptada, en ella está cuestionando la legalidad de la transmisión de estos consejos. La congresista argumenta que el Gobierno de Gustavo Petro viola la Ley 63 de 1923, que establece la reserva de los Consejos de Ministros. Además, ha asegurado que tanto el Presidente como su gobierno no están por encima de la ley.
Este proceso judicial pone en juego la tensión entre la transparencia gubernamental y la necesidad de confidencialidad en las deliberaciones del alto gobierno. El fallo final podría establecer un precedente importante sobre cómo manejar las comunicaciones del Ejecutivo en Colombia.
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