EPS Sanitas en incertidumbre por crisis financiera y control estatal
La EPS Sanitas atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia, luego de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtiera que la entidad no cumple con los requisitos financieros exigidos para operar dentro del sistema de salud colombiano.
Señalamientos del Ministerio de Salud
En una intervención pública, Jaramillo afirmó que la EPS Sanitas no cumple con las condiciones de patrimonio, capital y reservas exigidas por la normativa. Al respecto, enfatizó que el Gobierno Nacional ha cumplido con todos sus compromisos económicos y que actualmente no existe deuda pendiente con la entidad.
“Hoy el Gobierno no debe un solo peso (…) todo ha sido cumplido”, aseguró el ministro, al tiempo que recalcó que la responsabilidad de la crisis no puede trasladarse al Estado.
Rol de la Superintendencia de Salud
El jefe de la cartera de Salud aclaró que su despacho no tiene facultades para intervenir directamente a la EPS. Según explicó, las decisiones sobre una eventual intervención, devolución o continuidad de la entidad deben ser asumidas por la Superintendencia de Salud y los órganos de control correspondientes.
“Yo soy ministro de Salud, pero no soy superintendente ni interventor. Eso es una discusión que debe darse por parte de la Superintendencia con los diferentes entes de control”, puntualizó Jaramillo.
Deudas millonarias y advertencias previas
De acuerdo con la Superintendencia, Sanitas cerró el último año con pasivos superiores a los $2 billones, cifra que refleja la magnitud de la crisis financiera EPS. El ministro recordó que desde 2012 se han hecho advertencias sobre la inestabilidad contable de la entidad, cuestionando los argumentos que culpan únicamente a la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
El futuro de EPS Sanitas
El ministro Jaramillo fue enfático en señalar que no es viable inyectar recursos públicos a EPS que incumplen con la normativa vigente. Así, el futuro de la EPS Sanitas queda en manos de la Superintendencia de Salud y de los entes de control, mientras persisten las dudas sobre la sostenibilidad de una entidad que atiende a millones de usuarios en el país.
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